Agencias.- Venezuela aplicará desde del 1 de junio nuevas tarifas en la gasolina, hasta ahora prácticamente gratuita, y autorizó importadores privados de carburante, decisiones que coinciden con una flexibilización de la cuarentena por la pandemia.
El anuncio, hecho este sábado por el presidente Nicolás Maduro, se produce en momentos de grave escasez de combustible, agudizada durante la cuarentena decretada el pasado 16 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado mil 459 casos y 14 muertes en la otrora potencia petrolera.
«Hemos dispuesto 200 estaciones de gasolina para que vendan libremente este producto super premium al precio internacional», anunció Maduro, rompiendo así con el monopolio de Estado en la venta del carburante. «El precio internacional que hemos fijado es 50 centavos de dólar el litro de gasolina», detalló.
Esas 200 gasolineras serán «gestionadas por empresarios privados que están trayendo su gasolina, es la nueva modalidad que surgió ahora, la crisis siempre crea nuevas oportunidades y yo le abrí la compuerta», dijo Maduro durante una alocución desde el palacio presidencial de Miraflores.
La incorporación de los privados a la venta de gasolina se combinará con un esquema de subsidios que arrancará con un precio de 5 mil bolívares el litro (0.025 dólares) y permitirá la compra de 120 litros al mes para vehículos particulares y 60 litros para motos.
«Por encima de eso se cobrará el precio internacional, vamos a ir paso a paso», indicó Maduro, que no precisó a quienes le entregó las licencias ni informó sobre un proceso de licitaciones públicas para el otorgamiento de las mismas.
El transporte público de pasajeros y el transporte público de carga «tendrán 100% de subsidio para no afectar» los precios, subrayó Maduro.
Para este sector «el diésel está subsidiado al 100%», remarcó en tanto el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
El mandatario socialista afirmó que su gobierno estudia un sistema de subsidio directo que será otorgado a través del «carnet de la patria», una tarjeta electrónica que la oposición señala como un mecanismo de control social.
