Agencias.- De mantenerse el contrato de suministro de gas etano de largo plazo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el consorcio Etileno XXI de Braskem-Idesa, las pérdidas en que incurrirá la petrolera nacional serán de más de 70 mil millones de pesos por el diferencial entre el precio de importación de ese energético y el que está obligada a venderlo, consideró Paulo Diez Gargari, quien junto con Alfredo Figueroa presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República contra los servidores públicos involucrados en esa trama.
En entrevista, Diez Gargari aseguró que ese contrato debe terminarse, porque existe una causa jurídica válida. “Los motivos sobran, ya que hay elementos suficientes de que los funcionarios de Pemex mintieron al afirmar que existían reservas suficientes para vender etano a Etileno XXI”.
En 2010, durante la gestión del entonces presidente panista Felipe Calderón, se firmó un contrato de suministro totalmente desventajoso para que Pemex Gas y Petroquímica Básica, ahora Pemex Transformación Industrial, vendiera 2 millones 980 mil 220 metros cúbicos de etano por día durante 20 años, plazo que se puede extender hasta 35, a un precio que se calcula con referencia al internacional de ese gas (Mont Belvieu Purity Ethane) o al mundial de gas natural (Henry Hub Natural Gas), con un descuento de 30 por ciento en el primer caso y de 20 por ciento en el segundo.
Paulo Diez aseveró: “La brasileña Braskem y la mexicana Idesa saben en el fondo que ese contrato es resultado de un acto de corrupción. Lo que se debe pedir es la nulidad de ese convenio y exigir que se finquen responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios que lo celebraron”.
Agregó que existe la alternativa de llegar a un acuerdo negociado, pero aclaró que en un caso con una afectación tan grave al interés público esa negociación tiene que ser absolutamente transparente y de cara a la sociedad, con mucha claridad, sobre cuál es el beneficio que se está obteniendo.
“Esto, siempre y cuando no implique liberar a alguien indebidamente de sus responsabilidades administrativas o penales, salvo por supuesto, otra vez, que válidamente sea con el criterio de oportunidad y funcione de esa manera. Tendría que ser un proceso muy cuidado, abierto y transparente.”
Diez Gargari también describió otro escenario, en el que Braskem, subsidiaria de Oderbecht, e Idesa podrían eventualmente tratar de iniciar un procedimiento arbitral ante tribunales internacionales para la protección de sus inversiones.
“Aquí lo primero que tendrían que acreditar Braskem e Idesa es que ellos tenían derecho a esa ganancia lícita y que no sabían y actuaron de buena fe en la celebración de un contrato producto de una competencia limpia en un proceso de licitación y no de un acto amañado y de corrupción.”
Subrayó que ahora con las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien se encuentra en calidad de testigo, reconoce y confiesa que se dieron beneficios económicos indebidos a ese consorcio.
“Este es el mismo petate del muerto con que los de Aleatica, antes OHL (empresa española predilecta para realizar obras en el estado de México), andan espantando al gobierno federal diciendo que si recupera el Viaducto Bicentenario en beneficio de la nación van a ir a tribunales internacionales.”
Este caso se debe llevar a tribunales, y si en la anterior PGR se dejaron prescribir delitos se tiene que perseguir a quienes incurrieron en esa conducta, sentenció.
