Jorge A. Lera Mejía
La propuesta legislativa para desaparecer o modificar radicalmente al outsourcing, planteada desde el poder ejecutivo de México y la Secretariadel Trabajo, se ha enfrentado en tan solo 30 días a fuertes reveses y opositores.
Por una parte, la llamada cúpula empresarial representada por Carlos Salazar Lomelím, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentó antier un fuerte rechazo por tres de sus más poderosos integrantes, a saber la Coparmex, la Canacintra y el Consejo Nacional Agropecuario.
Pero más grave aún, fue la postura presentada ayer por los representantes empresariales norteamericanos.
Así, ayer trascendió que las empresas estadounidenses en México no se adherirán al acuerdo pactado entre el CCE y el gobierno federal para “regular” el outsourcing a partir de enero y esperarán hasta la dictaminación del Congreso para definir sus negocios en el país; aunque advirtieron que, de desaparecer el outsourcing o insourcing, la inversión estadounidense asentada en el país puede reconsiderar su estancia en el país. Peor aún, presentarse inconformidades desde las negociaciones del propio T-MEC.
Larry Rubin, presidente de la American Society of México (cúpula de la comunidad empresarial estadounidense en México), advirtió que si México elimina el outsourcing se afectará la relación bilateral México-Estados Unidos, por lo que el gran riesgo es que los proyectos de inversión programados en los próximos cinco años para territorio mexicano, como parte del T-MEC, se trasladen a otros países por la falta de certidumbre en las políticas públicas. Fuente El Economista.
El propio Consejo Coordinador Empresarial, desde hace más de un año afirmaban que de concretarse esta reforma en los términos en los que estaba planteada originalmente, pone en riesgo la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por la falta de respeto al Estado de derecho; genera un grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera y los empleos que genera.
Para la Coparmex, se afectaría a las empresas productivas y sostenibles que actualmente utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación y podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas. Abundaron que la medida representa un grave error, ya que busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo.
Para Enoch Castellanos Férez, presidente de Canacintra, comentó que el organismo que representa no estaban de acuerdo con la propuesta que se presentó este miércoles y dejó en claro que había desacuerdos en el sector privado por este tema.
Asimismo, desde el Consejo Nacional Agropecuario resaltaron que las malas prácticas han sucedido en el pasado debido a la falta de revisión adecuada de las autoridades correspondientes como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que “resulta absurdo” responsabilizar de las malas conductas a todas las empresas.
Por estos motivos se anticipa que el debate trasladado desde el congreso legislativo para el mes de febrero del próximo año, tendrá muchas barreras que seguramente vendrán a cambiar radicalmente la postura inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer de tajo la figura de la subcontratación, o conocido como el Outsourcing…
