Por Mario Díaz
PUES resulta que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo, el Ejecutivo Federal promoverá una reforma constitucional que frene el robo, el atraco de las empresas privadas generadoras de energía eléctrica.
El dicho que dice “como quiera Juan te Llamas” podría caer “como anillo al dedo” al Poder Ejecutivo Federal en la actual pugna que mantiene con el Poder Judicial de la Federación, derivado de la aprobación del Poder Legislativo de la iniciativa del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con la recomendación de que no “se le cambiara ni una coma”.
Es decir, si los seis integrantes del Consejo de la Judicatura Federal no encuentran irregularidades en el proceder de los jueces especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones que otorgaron suspensiones provisionales a empresas privadas, los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrán de deliberar y decidir en consecuencia, por lo que, eventualmente, apoyarían la acción de los jueces federales JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO y RODRÍGUEZ DE LA PEZA LÓPEZ FIGUEROA.
Como nunca antes en la historia política de México, los poderes Ejecutivo y Judicial del gobierno Federal se han colocado en esquinas opuestas a la hora de tomar las decisiones que tienen que ver con la defensa de la Constitución, el estado de Derecho y la Democracia.
El Maestro ARTURO FERNANDO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y el licenciado ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, actualmente escenifican un suceso inédito en donde ambos argumentan sus respectivas posturas.
ZALDÍVAR sostiene que los jueces deben operar con autonomía, pero a la vez con responsabilidad; en cambio, LÓPEZ OBRADOR sospecha de favoritismo por la rapidez del trámite de amparos.
En opinión de los juristas que otorgaron las suspensiones provisionales que frenan la aplicación de la recién promulgada Ley de la Industria Eléctrica, el nuevo estatuto “podría dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico y puede producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente”.
En sentido contrario, el Jefe del Ejecutivo Federal mantiene firme su idea de que la reforma eléctrica no es inconstitucional y que solo pretende devolver la rectoría en materia de producción y suministro de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y no a empresas privadas.
Aunque se antoja poco probable que los ministros de la SCJN logren reunir la cantidad de votos que se requieren para decretar la inconstitucionalidad de la iniciativa aprobada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por sí o por no, el presidente LÓPEZ OBRADOR analiza una reforma a la Constitución que sería aprobada en la actual 64 Legislatura con mayoría parlamentaria morenista.
El huésped del Palacio Nacional es enfático al externar que no será cómplice del robo, del atraco, que realizan las empresas privadas generadoras de electricidad en detrimento de la CFE y de los usuarios de ese servicio.
Vale la pena precisar que la postura presidencial no es impedir la inversión privada ni tampoco estar en contra de las energías limpias. De acuerdo a la visión del tlatoani mexicano, lo que pretende la Ley de la Industria Eléctrica es regular la participación privada y que no se afecte a la paraestatal, como sucede con la anterior reforma energética neoliberal y que aprovechan a las mil maravillas empresas como Eloliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana.
A juzgar por lo que se observa “como quiera Juan te haz de llamar”.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Hoy viernes a las 11 de la mañana, el Procurador Fiscal de la Federación, CARLOS ROMERO ARANDA, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), SANTIAGO NIETO, presentarán declaraciones testimoniales ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados relacionadas con el juicio de desafuero del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.
El objetivo de la diligencia es que ambos funcionarios aporten elementos de prueba relevantes para el análisis y resolución del expediente que involucra en presuntos actos ilícitos al mandatario tamaulipeco.
II.-También, en cualquier momento de hoy, el juez federal JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO publicará en estrados si concede o no la suspensión definitiva a las empresas que se ampararon contra de la Ley de la Industria Eléctrica. La resolución del juzgador dejará en claro la real autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el grado de influencia del Poder Ejecutivo de la Cuarta Transformación.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
