Por Mario Díaz
MUY seguramente, tras analizar pros y contras asociadas a la solicitud de juicio de Controversia Constitucional promovido por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la LXIV Legislatura del Congreso de Tamaulipas decidió abrogar las reglas procedimentales sobre el desafuero del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.
Como si se tratara de la visión del “vaso medio lleno o medio vacío”, dos corrientes de opinión han surgido en torno al polémico caso y que coloca a Tamaulipas-de nueva cuenta-en el ojo del huracán mediático como consecuencia de probados y probables actos ilícitos cometidos por algunos de sus gobernantes.
Por un lado, quienes opinan que la legislatura tamaulipeca decidió dar marcha atrás a sendos acuerdos tomados en el pleno en un afán de “blindar” al mandatario estatal al homologar procedimiento de desafuero; y, por el otro, que la marcha atrás de los diputados locales obedece, simple y sencillamente, a desligarse de alguna responsabilidad legal que, incluso, podría derivar en una eventual desaparición de poderes.
Obviamente, la versión oficial del Poder Legislativo de Tamaulipas es “eliminar totalmente las posibles confusiones y anular una atmósfera de enrarecimiento sobre el tema de desafuero”.
La iniciativa fue presentada por el diputado FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR, presidente de la comisión de Justicia, y aprobada por la mayoría panista, con el apoyo de los legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano. La fracción morenista en el parlamento cuerudo se abstuvo a la hora de la votación del pleno legislativo.
Por la razón que fuere, lo cierto es que se registró una celeridad pocas veces vista en el Congreso Local al momento de tomar la decisión por la llamada “vía fast track”. La aplanadora albiazul en el Congreso local aprobó la dispensa de trámite, por lo que, sin discusión alguna, la iniciativa fue presentada y aprobada en el pleno.
La reculada legislativa sobre las reglas de procedimiento de desafuero precisa que la abrogación del Punto de Acuerdo es porque, lejos de representar un intento de blindaje institucional representa el cumplimiento de las obligaciones del Poder Legislativo de Tamaulipas.
Uno de los considerandos establece que “se trata de un acto de autoridad materialmente legislativo, que dota de certeza jurídica al Ejecutivo Estatal, a los diputados locales o a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, respecto del procedimiento que el Congreso del Estado siga, a efecto de demostrar si procede o no, homologar la declaratoria de procedencia que, en su caso, emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de dichos servidores públicos locales”.
Otra lectura relacionada con la abrogación de las reglas de desafuero acordadas los días 3 y 12 del mes en curso, estaría asociada con la desaceleración del ímpetu del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA al evaluar el alcance jurídico-constitucional de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y del Congreso Local.
Por otra parte, si bien es cierto que es altamente probable que prospere la solicitud de desafuero en contra del mandatario tamaulipeco, también es una verdad de a kilo que, a juzgar por lo que se ve, al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no le interesa encarcelar a nadie para apuntalar su programa de combate a la corrupción, aunque, eso sí, la mayor tajada política es para la continuidad de la Cuarta Transformación.
Está más que visto que el huésped del Palacio Nacional hará lo que sea necesario para mantener la supremacía legislativa en San Lázaro y pintar de azul otras entidades federativas y……Tamaulipas está en la mira de la 4T.
DESDE EL BALCÓN:
I.-El C.P. MARIO ALBERTO CORTEZ, ex panista y ex noveno regidor en el trienio de LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ en el ayuntamiento de H. Matamoros, contenderá en el actual proceso eleccionario como candidato del partido Fuerza por México a la diputación local por el Distrito XII.
El citado profesionista es ampliamente conocido en la sociedad matamorense por lo que se perfila como un importante activo político para el nuevo organismo partidista.
Lo anterior trae colación el registro como candidata a la diputación federal por el 23 distrito en la ciudad de México, también por el partido Fuerza por México, de la licenciada en periodismo y locución, Doctora Honoris Causa, ROSALÍA BUAÚN SANCHEZ.
La licenciada BUAÚN SÁNCHEZ es presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México A.C. y miembro activo del Club Primera Plana de la CDMX.
Y hasta la próxima.
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