Por Mario Díaz
LOS nombres de FÉLIX SALGADO MACEDONIO, RAÚL MORÓN OROZCO Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, entre otros personajes públicos, ocuparon generosos espacios mediáticos en la semana que recién terminó. Los dos primeros por la cancelación de sus candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por mandato del Instituto Nacional Electoral (INE) y, el tercero, por la iniciativa surgida en el senado de la república para extender por dos años más su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Temas controversiales ambos que, como suele suceder, polarizan la opinión pública, fenómeno social que ya es bastante común en el gobierno de la Cuarta Transformación. La voces concordantes y discordantes tienen su origen en reglamentos electorales y ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero, vayamos por partes y juzgue usted:
Por no haber declarado 19 mil pesos de gastos de precampaña, el árbitro electoral canceló el registro de SALGADO MACEDONIO y, por motivo similar, a MORÓN OROZCO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó la primera apelación, avalando la irregularidad detectada por el INE, pero, al mismo tiempo ordenando nueva revisión asociada con una sanción más justa.
Justo ahí es donde una corriente de opinión considera que la autoridad electoral actúa para favorecer intereses contrarios a la 4T. El argumento: que, si bien es cierto que se violó el reglamento, también es una realidad que el castigo no es proporcional a la falta cometida. Es decir que por 19 mil pesos se echó abajo la decisión de los electores guerrerenses que, en doble ronda, emitieron su apoyo al senador con licencia a pesar de las imputaciones judiciales en su contra.
Cierto, muy cierto, las leyes y reglamentos son para respetarse; sin embargo, en el caso de las cancelaciones, desde un primer plano podría interpretarse como que la falta cometida (19 mil pesos) no es equitativa con la elección democrática de los electores de aquella entidad del occidente mexicano. Da la impresión que el árbitro electoral es sumamente “cuadrado” a la hora de aplicar el reglamento, olvidando la esencia y espíritu del mismo.
Comparado con un partido de futbol, tal parece que el INE en su carácter de árbitro central sacó la “tarjeta roja” por un contacto menor y haciendo caso omiso al VAR (TEPJF), cuando un cartón preventivo (tarjeta amarilla) habría sido suficiente para sancionar la falta cometida, dejar a los equipos (candidatos) en igualdad de condiciones y, sobretodo, en atención al público (los electores).
En la misma analogía, tal parece que el árbitro central, los abanderados y el VAR (revisión televisiva en cámara lenta) observaron un simple contacto con una falta artera y agresiva (ocultar gastos de precampaña por 19 mil pesos).
Obviamente, la controversia y una perspectiva distinta dan como resultado que la decisión del árbitro electoral es la correcta porque se violó el reglamento, por lo que el INE solo aplicó lo que indica el manual de sanciones.
Respecto a la iniciativa surgida en la Cámara Alta del Congreso de la Unión y que ahora analiza la Cámara de Diputados, la extensión de mandato del presidente de la SCJN ha colocado en esquinas encontradas a los poderes Ejecutivo y Legislativo en una posición y, en la otra, al Poder Judicial.
Los legisladores consideran que una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es viable para la continuidad del proyecto de la 4T; aunque, magistrados, jueces y profesionales del Derecho consideran que se trata de una “transgresión constitucional”.
La iniciativa de la discordia pretende que, en lugar de 2022, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA termine su período en 2024 junto con el sexenio lopezobradorista.
El argumento principal de quienes no comulgan con la extensión de mandato del magistrado ZALDÍVAR es que sentaría un precedente que, en un momento dado, diera pauta para solicitar la extensión de mandato (no reelección) del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
El tema da para más, pero en vía de mientras, vale la pena recordar que, actualmente, diputados federales, legisladores locales y alcaldes están buscando continuar en sus respectivos cargos por medio de la reelección, en el entendido de que se trata de una maniobra para empatar el calendario electoral en el país.
Pero ¿usted qué opina?
DESDE EL BALCÓN:
I.-Bien sea por desconocimiento del tema o bien por utilizar un argumento engañabobos, lo cierto es que la candidata del PAN a la diputación local, la expriísta MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, no es objetiva al responsabilizar al gobierno federal del suministro insuficiente de vacunas antiCovid a H. Matamoros por lo que exigirá el envío de más biológicos para vacunar a todos los residentes en el IV Distrito Electoral.
Lo que la aspirante a ocupar un lugar en San Lázaro no toma en cuenta es que la falta de vacunas es un problema que enfrentan todos los países del mundo debido a la insuficiente producción.
El lento avance de la inoculación en México es proporcional al suministro de los laboratorios. Además, el programa nacional de vacunación está diseñado para aplicarse por edades, por lo que actualmente se inmuniza a personas mayores de 60 años.
Un argumento engañabobos más convincente sería que la 4T estaría politizando el combate contra el Covid 19, pero no responsabilizar al gobierno federal por la falta de vacunas, cuando existe un problema mundial de desabasto.
Con ese criterio obtuso, la abanderada panista desnuda su verdadera intención en la competencia por una curul en la Cámara de Diputados.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
