Agencias.- Un juez de Control con sede en el Estado de México giró órdenes de aprehensión contra 10 personas presuntamente implicadas en el caso contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.
Los presuntos implicados son Eduardo G. D., excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
También Jorge Arnaldo N. L., ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS y Jesús Gabriel P., ex director general de Desarrollo Tecnológico.
Emmanuel C. R., ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS; Héctor Oswaldo Z. y Yareli Eunice D.
Paulo U. A., ex director general de Administración; José Reyes O. S.; Armando R. L. y Ricardo C. C.
A los diez se les presume responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Investigaciones apuntan a que los presuntos implicados participaron en el desvío de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga.
El desvío millonario se realizó bajo la adquisición de contratos para equipar diversos penales federales.
Se presume que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga se encuentran en Estados Unidos en un intento por evadir la prisión preventiva que se les impondría de ser detenidos.
Los problemas legales de Gómez Mont y su esposo no son nuevos.
En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.
En 2016, la presentadora fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.
De ser encontrada culpable, Gómez Mont, quien tiene 7 hijos, podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión.
