-Coloquial dicho popular es asociado con el “caso Lozoya”
-Trato preferencial al ex director de Pemex afectaba la imagen de la 4T
-Tardó mucho la FGR para percatarse del “alto riesgo de fuga”
CON cierta dosis de razón, la vox populi ha recordado el añejo dicho que reza “primero mis dientes y después mis parientes” cuando en pláticas de café, formales o informales se aborda el tema relacionado con el encarcelamiento del ex director de Petróleos Mexicanos en el pasado sexenio, EMILIO LOZOYA AUSTIN.
En efecto, de acuerdo a ese respetado y respetable criterio de opinión pública, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR habría girado instrucciones a la Fiscalía General de la República que comanda ALEJANDRO GERTZ MANERO para que solicitara la prisión preventiva justificada durante la audiencia judicial de la semana pasada.
La legal pero inmoral estancia de LOZOYA AUSTIN en un restaurante exclusivo de la ciudad de México para degustar el tradicional platillo oriental pato laqueado, el sábado 9 de octubre, hizo ver mal al gobierno de la Cuarta Transformación, la FGR y, por supuesto, dañó la imagen del presidente LÓPEZ OBRADOR y su campaña permanente de combate a la corrupción y la impunidad.
En cuanto las imágenes captadas por la periodista LOURDES MENDOZA acapararon la atención pública nacional y extranjera, paralelamente iniciaron los comentarios en torno al caso y, desde luego, poniendo en entredicho el aparato de justicia de la 4T.
Sobra decir que el régimen lopezobradorista no acepta asociar la estancia de EMILIO LOZOYA en el restaurante Hunan y las gráficas captadas por MENDOZA, con la decisión de la Fiscalía General de la República para solicitar al Juez JOSÉ ARTEMIO ZÚÑIGA la prisión preventiva para quien enfrenta cargos por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La postura presidencial en las conferencias mañaneras es que ese tema no le corresponde al Poder Ejecutivo y que en la Cuarta Transformación se respeta la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, por razones matizadas de obviedad, la óptica del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no ha logrado generar un convencimiento unánime.
El cuestionamiento más socorrido es por qué la Fiscalía General de la República no solicitó la prisión preventiva justificada, tomando en cuenta que LOZOYA AUSTIN fue extraditado de España en el mes de julio del año pasado.
Otro más, también bastante recurrente, es la doble vara de la FGR para medir el riesgo de fuga entre el ex director de PEMEX y la ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio peñista, ROSARIO ROBLES BERLANGA, a quien se le negó ese beneficio a pesar que los delitos que le imputan le permiten enfrentar el proceso en libertad.
De acuerdo al criterio del juez ZÚÑIGA, desde su llegada a México la prisión oficiosa ameritaba en el caso de EMILIO LOZOYA, pero, extrañamente, el Ministerio Público de la Federación no realizó la promoción respectiva a pesar de la gravedad de los delitos y las altas posibilidades de evadir la acción de la justicia.
Por esas y otras razones, el presidente LÓPEZ OBADOR habría decidido hacer efectivo el coloquial dicho que recomienda, primero, la defensa de los intereses propios y, en segundo plano, los intereses ajenos.
Reconózcase o no, la doble moral de la justicia del gobierno de la Cuarta Transformación en los casos de ROBLES y LOZOYA estaba ocasionando severos daños a la imagen del huésped de Los Pinos y al partido en el poder nacional.
Ante la falta de contundencia de sus pruebas, EMILIO LOZOYA perdió las ventajas otorgadas por el criterio de oportunidad, y ahora, tras las rejas de la prisión, tendrá 30 días a partir del 3 de noviembre, para imprimir contundencia a sus acusaciones en el caso Odebrecht y sus efectos de corrupción.
El 19 de noviembre, LOZOYA AUSTIN intentará conseguir un acuerdo reparatorio que le permita no ser procesado en el caso de la fraudulenta compra-venta de la empresa Agro Nitrogenados, tal y como en su momento logró el propietario de Altos Hornos de México S.A., ALONSO ANCIRA.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Extrañamente, dadas las nuevas condiciones políticas al interior de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, GUILLERMO LASH DE LA FUENTE, gerente de la paramunicipal, autorizó el incrementó a las tarifas de ese servicio urbanístico sin aparente consenso público entre los miembros del Consejo de Administración.
Actualmente, como año con año, la JAyD promociona el pago adelantado para el próximo 2022, cobrando diez meses y proporcionado servicio durante doce.
Sin embargo, lo que no anuncia el organismo operador del agua potable y alcantarillado es que quienes pretendan ese beneficio de apoyo a la economía familiar pagarán tarifas con incremento entre 20 y 40 por ciento, de acuerdo al sector citadino.
La lógica y natural pregunta de los usuarios es ¿en qué momento el Consejo de Administración analizó y avaló el incremento de las tarifas?
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
