En un hecho sin precedente en la historia política de Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal Anaya decidió no proponer la ratificación de Horacio Ortiz Renán como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al considerar carece de honorabilidad y tener mala reputación.
En un comunicado el gobernador Villarreal Anaya hizo publicación su decisión de no proponer la ratificación de quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero sobre todo el dar a conocer sus motivos.
Esta mañana, Ortiz Renán fue notificado de la decisión del titular del Ejecutivo.
Previamente Horacio Ortiz había concluido su término como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
Al respecto, el Gobernador del Estado, mencionó su propósito de procurar una justicia clara diáfana y comentó que en la circunstancia que le toco vivir estima que es posible contar con mejores servidores en un área de importancia como es la administración de la justicia.
Ante la prioridad que es reducir el rezago judicial, revisar expedientes, emitir sentencias es conveniente renovar los cuadros del Poder Judicial Estatal.
Comentó que analiza perfiles para remitir una propuesta al Congreso en breve.
Ante ello Jefe del Ejecutivo Estatal remitirá al Congreso del Estado una propuesta de magistrado (a) la cual deberá ser aprobada por mayoría calificada del Congreso.
En caso de no lograr mayoría calificada el nombramiento del nuevo mecanismo, el titular del Ejecutivo fue hacer una propuesta de magistrado interino.
Ante la serie de señalamientos formulados sobre el desempeño de Ortiz Renán como magistrado advirtiendo una serie de irregularidades en la impartición de la justicia es que Américo Villarreal decidió no proponer su ratificación al desatender la obligación de impartir justicia independiente e imparcial.
En comunicado se indica que hay opiniones de asociaciones y barras de abogados así como de ciudadanos las cuales ponen en evidencia que el Magistrado Horacio Ortiz utilizó su cargo para responder a intereses políticos del entonces titular del Poder Ejecutivo, así como en protección de intereses patrimoniales ajenos a las contiendas judiciales.
