México.- Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que no se puede consentir que ningún servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad.
Agencias.
“Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana y debemos de proceder como Estado mexicano”, afirmó en su comentario semanal.
Añadió que el desarrollo económico, político y social de una nación depende de la capacidad del Estado y de la sociedad de generar, por una parte, incentivos y condiciones de certeza para el cumplimiento de los acuerdos, y por otra parte, consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus obligaciones.
El presidente del CCE recordó que esta semana se llevará a cabo el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, dispuesto específicamente para procesar las observaciones presidenciales relativas a las adiciones improcedentes que se hicieron en el artículo 32 de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Así, se concluirá la fase de procesamiento legislativo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción, para que éste pueda consolidarse y rendir los resultados que se esperan.
“Esta es la ‘prueba de fuego’ de la reforma anticorrupción que se ha aprobado”, manifestó Castañón.
Agregó que, como toda reforma, es siempre perfectible, pero se ha logrado un paso en el sentido correcto.
“Necesitamos un Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni permitirse el que se violenten los derechos de terceros como arma de negociación política o con cualquier otro fin –legítimo o no– como hoy ocurre en relación con el conflicto magisterial en el sur del País”, recalcó el líder empresarial.
