Reconoce Senado faltar a derechos en ‘Ley 3de3’

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El senado reconoció sus fallas en la 'Ley 3de3' para empresarios.
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México.- El senado reconoció que su decisión de obligar a los particulares a presetar y publicar declaraciones patrimoniales y de intereses es violadora de los derechos contemplados en la Constitución.

Agencias.

Así lo revela el dictamen de las comisiones de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, circulado entre los senadores que dictaminarán el martes las observaciones enviadas por el Presidente Enrique Peña Nieto para eliminar esa norma.

“Las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas, por ello, toda vez que las disposiciones normativas observadas podrán constituir una violación a los derechos fundamentales de nuestro País, las comisiones consideran oportuno modificar los artículos observados por el Ejecutivo”, se indica.

En el documento se advierte que lo que el Senado avaló, casi por unanimidad, no contribuye a combatir la corrupción, pero sí infringe el derecho humano a la vida privada y a la protección de datos personales.

“Las comisiones dictaminadoras coinciden con el Ejecutivo federal en que la obligación impuesta a los particulares resulta innecesaria puesto que permite a las autoridades el conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción, ya que existen otros medios que permiten garantizar la prevención, combate, y sanción de hechos de corrupción”, se indica.

El pasado 16 de junio, REFORMA publicó que, luego de que la iniciativa privada exigió y presionó al Congreso para aprobar las leyes anticorrupción, el Senado reviró con un ajuste legal que obligaba a los empresarios a presentar su 3de3 como si fueran servidores públicos.

La disposición fue criticada por el sector empresarial que llevó su reclamo hasta Los Pinos, lo que derivó en veto parcial de la denominada Ley 3de3 por parte del Ejecutivo.

Ahora, en el dictamen, el Senado reconoce que la obligación impuesta a los empresarios que tienen contratos con el Gobierno podría poner en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.