Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tam.-Teóricamente, la aprobación unánime en la Cámara de Diputados para mejorar la atención a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debería preocupar a los empleados de ambas dependencias de salud, ante la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir.
Sin embargo, en la práctica, sin el menor ánimo pesimista, las reformas constitucionales a los artículos 303 de la Ley del IMSS y el 29 de la Ley del ISSSTE en poco o nada garantizarán una atención digna y eficiente por parte de los encargados de ese servicio público.
Atender “con amabilidad, eficiencia y dignidad” es el objetivo principal de la iniciativa presentada en tiempo y forma por la diputada morenista SOCORRO IRMA ANDAZOLA GÓMEZ, ante miles de denuncias presentadas en contra del personal médico y administrativo del Seguro Social y del ISSSTE por maltrato, negligencia médica y discriminación.
Vale la pena precisar que, hasta antes de la aprobación unánime de los 475 diputados presentes en el palacio legislativo de San Lázaro, ya existían reglas que establecen la obligatoriedad de los servidores públicos de brindar una atención de calidad, con ética, calidez, buen trato, igualdad y sin discriminación.
Datos oficiales del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos de la CNDH indican que entre enero y septiembre de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social sumó un total de mil 950 quejas a nivel nacional. El ISSSTE acumuló 712 inconformidades, de acuerdo a la estadística oficial.
Ante tal situación, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformar el primer párrafo del artículo 303 de la Ley del IMSS que ahora establece que “los servidores públicos del Instituto, están obligados a observar en el cumplimiento de sus obligaciones, los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez, buen trato y calidad en la prestación de los servicios y en atención a los derechohabientes y estarán sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público”.
En teoría, la nueva legislación deberá erradicar las quejas más recurrentes de los derechohabientes que consisten en dilación en la atención, ignorar sus necesidades o presencia, malas contestaciones y regaños. También, falta de medicamentos, atención deficiente o nula, vulneración de los derechos humanos y negativa de atención médica por errores en el registro de datos de derechohabientes a pesar de que el problema fue originado por malas prácticas administrativas de los trabajadores del IMSS y del ISSSTE.
Será por demás interesante conocer que medidas adoptarán ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Director General del IMSS, y PEDRO ZENTENO SANTAELLA, titular del ISSSTE, ante la reforma constitucional que establece responsabilidad civil y penal a los trabajadores de ambas instituciones de salud.
Sin dejar de reconocer que la iniciativa presentada y aprobada en el pleno legislativo federal es justa y necesaria, también es una realidad la urgente necesidad de suministro de medicamentos, equipo y médicos especialistas.
Desde una perspectiva que pretende ser objetiva, a la iniciativa de ley de la diputada ANDAZOLA GÓMEZ en pro de los derechos humanos de los derechohabientes le faltó agregar la grave carencia de insumos y doctores especializados que se padece en los hospitales de primer nivel de ambos institutos.
¿Cómo justificar que se carezca de insulina para los pacientes diabéticos? ¿Cómo justificar que un paciente con infección en vías urinarias permanezca por varias horas entre sus heces fecales y orina? ¿Cómo justificar que un “guardia de seguridad” lance a la cama de un paciente pañales desechables con el mensaje de que “hay le mandan de la entrada”?
Del mismo modo ¿Cómo justificar que los médicos especialistas “por sus pistolas” y “sin agua va” reagenden las citas de sus pacientes obligando a una nueva espera de 4 o 5 meses?
Existen casos documentados de pacientes que, tras obtener una cita con un médico especialista del IMSS, luego de meses en lista de espera, se traslade puntualmente a un Hospital General de Zona a 3 horas y media de su lugar de residencia, solo para recibir la mala noticia de que “el médico está en cirugía y necesita reagendar su cita”.
En consecuencia, bien por la iniciativa de la diputada morenista, pero hubiera incrementado la calificación si además de defender los derechos humanos de los derechohabientes, hubiese exigido erradicar la austeridad republicana o pobreza franciscana en el área de la salud pública de los mexicanos.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Por tratarse de un “tumor cancerígeno en la cabeza del páncreas” se antoja hartamente difícil-más no imposible-que por decreto cambie la actitud de los empleados médicos, administrativos y de seguridad en los hospitales del IMSS y del ISSSTE.
La conjunción de esfuerzos de la parte patronal y sindical podría dar pauta a una campaña de adoctrinamiento tendiente a revivir el espíritu y vocación de servicio de los servidores públicos al servicio de ambas instituciones de salud.
Cierto, es como pedirle peras al olmo, pero……
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
