La Secretaría de Educación Pública (SEP) evadió comprobar el gasto de 12 mil 874 millones de pesos que se distribuyeron con el programa la Escuela es Nuestra, reportó la Auditoría Superior de la Federación.
Al revisar la Cuenta Pública del 2022, con Delfina Gómez al frente de la SEP, esta secretaría tampoco reportó si se aplicó presupuesto para alimentos y la extensión de la jornada educativa, con lo que se pretendió sustituir el programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Además, aunque no puede repetir apoyos a las escuelas que en años anteriores los recibieron, la SEP «consintió» a mil 935 planteles, volviendo a entregar dinero para rehabilitación, sin justificar el caso de cada una y solo reportando que son «prioritarias».
La ASF alertó que las obras grandes en las escuelas no cumplen con medidas de seguridad que garanticen la integridad de alumnos y docentes, porque no se dio asesoría a los padres de familia.
En 2019 se creó el programa de la Escuela es Nuestra, con subsidios directos a padres de familia para que decidieran y ejecutaran los trabajos de mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de infraestructura escolar, incluso construcción de obra mayor.
Para acceder a los recursos se deben constituir Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).
Solo se informó a la Auditoría Superior que 33 CEAPsreintegraron 9.3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, ya que, en 30 casos, sus integrantes renunciaron al apoyo y, en los 3 casos restantes, los planteles dejaron de funcionar.
La auditoría señala que la SEP evadió cumplir sus responsabilidades de seguimiento y supervisión de cómo se usa el presupuesto entregado.
Además, dijo la Auditoría, en las Reglas de Operación del programa se incluyó la obligación de la SEP de darle seguimiento a la aplicación de los apoyos, para lo cual elaboró el documento denominado «Nota Metodológica», para determinar el tamaño de la muestra que asegure la representatividad de la población beneficiada.
También se incumplió con el «Programa de Trabajo Grupo Funcional Desarrollo Social 9 Seguimiento y Supervisión Operativa», en el cual se estableció que las actividades de seguimiento se realizarían entre los meses de junio de 2022 y octubre de 2023.
Se identificó que, de los 44 mil 299 planteles beneficiados, únicamente en 13 mil 701 casos, equivalentes al 30.9 por ciento, se constituyeron los «Comités de Contraloría Social», de los cuales 4 mil 838 no han registrado información sobre la aplicación de los apoyos. (Agencias)