Por Carlos López Arriaga
Cd. Victoria, Tam.- Con fecha 20 de febrero, la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó una denuncia penal ante la fiscalía del Estado contra cuatro figuras importantes de nuestra vida regional.
El exgobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el exrector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, el exsecretario general de gobierno GERARDO PEÑA FLORES y el exsecretario de administración JESÚS ALBERTO SALAZAR ANZALDÚA.
El caso ventilado esta semana por las autoridades de rectoría hace referencia a un tema concreto. El traspaso en apariencia fraudulento de un bien inmueble que el rector MENDOZA CAVAZOS solicitó en el municipio de Reynosa, para instalar un campus universitario, en abril del 2022.
Petición que habría sido respondida afirmativamente por el gobierno del Estado, en la persona de su titular administrativo SALAZAR ANZALDÚA, gracias a lo cual se verificó la enajenación de un predio rústico en dicha municipalidad.
Recordando, además, que por entonces la administración estatal le debía a la UAT en participaciones regulares la cantidad de 191 millones de pesos, números redondos, como parte del financiamiento que el gobierno tamaulipeco otorga a su máxima casa de estudios.
La decisión gubernamental, aceptada por MENDOZA y avalada por la bancada panista en el Congreso local, fue liquidar dicho adeudo con la donación del referido inmueble, el cuál fue valuado en 187 millones, cuando su valor real era de solo 13 millones, números redondos.
Para mayor información remito al lector al portal universitario en su sección de prensa, donde aparece el comunicado oficial emitido con el título: “Denuncia la UAT a exfuncionarios por delitos que afectan el patrimonio de la institución”. (https://tinyurl.com/2xmfz9oo)
CUENTAS CHUECAS
Cabe destacar, en el referido texto de la denuncia, sus seis conclusiones finales, que aparecen bajo el título de “Conductas irregulares identificadas.”
La cita es textual:
“1.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, GERARDO PEÑA FLORES y JESÚS ALBERTO SALAZAR ANZALDUA, exgobernador, ex secretario general de gobierno y ex secretario de administración respectivamente, dieron una aplicación distinta a los recursos públicos estatales que debieron ser ministrados a la Universidad intentándolo justificar en los gastos erogados por la pandemia.”
“2.- La iniciativa que se envió al Congreso del Estado por parte del exgobernador y ex Secretario General de Gobierno refiere que el valor del inmueble, era de $ 187,804,094.00 (ciento ochenta y siete millones ochocientos cuatro mil noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).”
“3.- El valor real del inmueble es de $ 13,081,000.00 (trece millones ochenta y un mil pesos 00/100 m.n.), según avalúo que se acompaña a la denuncia.”
“4.- Con el sobreprecio del bien inmueble se tuvo por pagado el adeudo de más de $174 millones de pesos que correspondían a la UAT.”
“5.- Los imputados mintieron al Congreso para tratar de ocultar el desvío de recursos públicos, además de coaligarse para tomar medidas contrarias a la ley.”
“6.- Delitos perpetrados: Ejercicio ilícito del servicio público, de 3 a 7 años de prisión. Coalición de servidores públicos, de 2 a 8 años de prisión. Peculado, de 10 a 20 años de prisión. Uso ilícito de atribuciones y facultades, de 4 a 14 años de prisión.”
OPERACIÓN LIMPIEZA
Entrando y prendiendo lumbre, el joven rectorado del médico DÁMASO ANAYA se suma así a una tendencia nacional observada en instituciones de educación superior, como (por ejemplo) la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), entre otras. La rendición de cuentas.
Obligación descuidada por décadas bajo el pretexto de la autonomía. Misma que (bien entendida) garantiza la libertad de cátedra pero nunca el manejo discrecional de los recursos públicos.
Por lo que hace a la UAT, dicho listado de irregularidades resulta apenas una probadita del saqueo más amplio ventilado en los medios, desde que MENDOZA estaba en el cargo. Opacidad, negocios turbios, cuentas oscuras.
Pendiente también indagar la versión manejada en redes sobre el presunto financiamiento universitario a la campaña del ingeniero CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, candidato del PAN a la gubernatura en 2022.
Sin olvidar que en el otoño pasado, la diputada local MAGALY DEANDAR RÓBINSON fue noticia al denunciar ante el pleno legislativo la compraventa irregular de una camioneta de lujo, culpando de ello al tesorero universitario FRANKLIN HUERTA.
Según la legisladora morenista, HUERTA habría autorizado que una Jeep Cherokee Limited de lujo 4×2, adquirida el 30 de diciembre de 2021 por la cantidad de 713 mil pesos, fuera rematada por 12 mil 500, en beneficio de una persona cercana.
La señora DEANDAR mencionó en aquel tiempo (octubre de 2023) que los responsables de dicha operación podrían ser acusados de quebranto patrimonial en detrimento de la institución educativa, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y cohecho. Todo eso.
La Cherokee sería apenas un botón de muestra entre una flotilla de trapacerías suscitadas en la adquisición y enajenación de vehículos. Se habla también de un barco.
Al igual que el caso ventilado por MAGALY, lo denunciado por la UAT esta semana se ubica apenas como la punta de iceberg del saqueo perpetrado por el cártel de los cuernos azules en dicha casa de cultura. Desde luego, hay más.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
