Las principales faltas cometidas fueron negligencia, omisión de declaración patrimonial, usurpación de funciones y mal uso de vehículos
Un total de 392 servidores públicos fueron sancionados durante la administración estatal de Egidio Torre Cantú, de los cuales 51 merecieron inhabilitación y nueve más fueron solo suspendidos de sus funciones por cometer delitos considerados como graves.
De acuerdo a información proporcionada por la Contraloría Gubernamental, cuando hay una destitución es porque hubo motivos graves relacionados con temas de drogas y delincuencia, temas que son considerados delitos graves.
La estadística oficial señala que a lo largo de la presente administración estatal, 107 funcionarios recibieron algún tipo de apercibimiento, 131 alguna amonestación y 70 más fueron suspendidos de su cargo, en tanto que 14 recibieron una sanción económica mayor a los 100 días de salario mínimo.
Las principales faltas cometidas fueron negligencia, omisión de declaración patrimonial, usurpación de funciones, mal uso de vehículos y el uso indebido de recursos.
Cavazos Lliteras, aseguró que en las auditorías practicadas por la ASF, ASE, y SEP no se ha detectado alguna anomalía que amerite una denuncia penal.
Señaló que las quejas, denuncias formuladas por ciudadanos no han procedido debido a la falta de evidencias para actuar contra un funcionario público.
“La Contraloría requiere de documentos, pruebas, evidencias para iniciar alguna acción penal. No se puede correr el riesgo de iniciar una acusación ante otra instancia y se caiga debido a la falta de pruebas”, insistió.
“La contraloría trabaja con papeles, elementos, evidencias, no podemos hacer un juicio en contra de una persona si no aporta evidencias suficientes porque efectivamente se nos va a caer el proceso en los tribunales, entonces cualquier procedimiento en contra de un funcionario público tiene que tener todas las certezas necesarias que justifiquen de acuerdo a derecho el proceso, cuando lo tenemos se procede en contra del funcionario público”.
Informó que como resultado de algunas auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública, se han impuesto sanciones a servidores públicos al no solventar observaciones de carácter administrativo.
“Ninguno de los entes fiscalizadores han detectado alguna anomalía que amerite una denuncia penal, de tal manera que todas las observaciones que nos hacen corresponden precisamente a sanciones por carácter administrativo”, comentó.
