Nueva York.- El año pasado, cuando un investigador de la oficina del sheriff del condado de Jackson, en Georgia, entrevistó a un chico de 13 años y a su padre sobre una posible amenaza en Internet de «disparar a un instituto», el adolescente negó su responsabilidad.
Tengo que tomarte la palabra, le dijo el investigador, Dan Miller, «y espero que estés siendo sincero conmigo».
Casi 16 meses después, la policía afirma que el adolescente, Colt Gray, que ahora tiene 14 años, mató el miércoles a cuatro personas e hirió a otras nueve en el instituto Apalachee de Winder (Georgia). Fue el tiroteo escolar más mortífero de la historia del estado.
¿Podrían haber hecho más las fuerzas del orden para evitarlo?
Esta pregunta, dolorosa e inevitable, ha perseguido con frecuencia a la policía tras los tiroteos. Los expertos afirman que la mayoría de los autores de tiroteos masivos muestran señales de advertencia antes de volverse violentos, y los agentes han recibido a menudo pistas, llamadas o informes sobre comportamientos preocupantes, a veces mucho antes de que alguien empuñe un arma.
Pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, al menos según la formación policial tradicional, están limitados en lo que pueden hacer como respuesta. Si no se ha cometido un delito o un sujeto no cumple los criterios para ser enviado a una evaluación involuntaria de salud mental, el caso suele cerrarse.
«En retrospectiva, es fácil decir: ‘Bueno, deberían haber hecho más'», afirma Adam Winkler, profesor de Derecho y experto en política de armas de la Universidad de California en Los Ángeles. «Pero, ¿cuántas veces la policía recibe estas pistas de que la gente está diciendo cosas en Internet que son interceptadas como amenazas que no conducen a ese tipo de violencia?».
Sin embargo, el elevado número de tiroteos en Estados Unidos ha dado lugar a un impulso nacional para replantearse la actuación policial tradicional cuando se trata de amenazas de violencia masiva. La ambiciosa iniciativa exigiría formar a los agentes para que trabajen en equipos multidisciplinares que detecten precozmente los comportamientos problemáticos y los vigilen a lo largo del tiempo con el fin de desbaratarlos.
«Las fuerzas del orden tienen que cambiar de mentalidad», dijo el sheriff Bob Gualtieri, del condado de Pinellas (Florida), que durante seis años ha dirigido una comisión estatal que investiga la violencia escolar después de que un hombre armado matara a 17 personas en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland.
«La mentalidad de las fuerzas del orden se basa en lo que se me dice ahora mismo: ‘¿Tengo algo que pueda servir de ayuda? «La mentalidad correcta en estas situaciones tiene que ser si el comportamiento es una desviación de la línea base de una persona», añadió, y si ese comportamiento «puede llevar a esa persona por el camino de la violencia».
El FBI no investigó adecuadamente dos pistas en los meses previos al tiroteo de Parkland de 2018, incluida una de un pariente que dijo que temía que el pistolero «se colara en una escuela y comenzara a disparar en el lugar.» El Departamento de Justicia acordó más tarde pagar a las familias de las víctimas del tiroteo un acuerdo de unos 130 millones de dólares.
Antes del tiroteo de Parkland, agentes de la policía local habían sido llamados al domicilio del pistolero, que había proferido amenazas en repetidas ocasiones y había mostrado un comportamiento perturbador. Dos orientadores escolares y un ayudante del sheriff habían recomendado que fuera ingresado a la fuerza para recibir atención psiquiátrica, aunque nunca se produjo tal internamiento.
Los expertos denominan «fugas» a los cambios de comportamiento tan acusados, como la revelación a otras personas de planes violentos: un goteo, goteo, goteo de señales de que alguien tiene un agravio percibido, puede no tener los mecanismos de afrontamiento adecuados y puede plantearse una acción violenta.
«No es necesariamente un comportamiento prohibido», dijo el sheriff Gualtieri. «Lo que tenemos que hacer como mejor práctica es que la gente reciba formación, formal o informal, para reconocerlo y entenderlo».
Una respuesta ideal implicaría un equipo de agentes de policía, consejeros de salud mental, trabajadores sociales y otras personas para garantizar que existe un sistema de apoyo que proteja a las personas de hacerse daño a sí mismas o a los demás.
El sheriff Gualtieri cuenta con una división de gestión de amenazas de 72 miembros que se reúne semanalmente para revisar las evaluaciones de comportamiento y hacer un seguimiento con los servicios sociales según sea necesario. (Agencias)
