Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.-La decisión mayoritaria de jueces y magistrados federales para continuar el paro de labores por tiempo indefinido viene a tensar más la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo.
Tras la votación de mil 306 juzgadores integrados a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) que arrojó un resultado de 809 en favor de la continuación de la suspensión de labores y 497 que preferían continuar actividad hoy lunes, la inconformidad se prolongará.
De acuerdo a la jueza JUANA FUENTES VELÁZQUEZ, dirigente de la JUFED, la determinación está orientada a “mantener la suspensión parcial de labores jurisdiccionales en todo el país. Esta medida de protesta continuará con la atención exclusiva de casos urgentes, en apego a la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia en situaciones de máxima necesidad”.
La polarización de criterios entre los tres Poderes de la Unión derivado de la reforma al poder judicial arroja las siguientes posturas: la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM se mantiene firme en no dar paso atrás al cambio constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa sin pronunciarse, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no hace causa común con los juzgadores federales y, además, los trabajadores del Poder Judicial Federal consideran que no existen condiciones laborales seguras para regresar ordinariamente a los tribunales.
El aniquilamiento de la carrera judicial que trae consigo la reforma al poder judicial para dar paso al voto popular para la elección de jueces, magistrados y ministros, previa “tómbola” en el Senado de la República es considerado como una infamia y burla por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
Y, por supuesto, que les asiste la razón a los juzgadores federales, a estudiantes de Derecho y distintos sectores de la sociedad al considerar como una aberración que sean suficientes dos años de ejercicio de la carrera, un promedio escolar de 8, y, desde luego, que irradien simpatía para “convencer al electorado”.
A pesar de que el gobierno de la Cuarta Transformación insiste en que jueces, magistrados y ministros están al servicio del conservadurismo y que solo defienden sus propios privilegios y canonjías, lo cierto es que todo apunta para que queden en el olvido los concienzudos exámenes profesionales a que fueron sometidos los actuales juzgadores federales.
Tan simple, sencillo, imparcial y democrático que sería la reevaluación académica de los actuales juzgadores y quienes pretenden serlo, por medio de sinodales nacionales e internacionales (por aquello de los tratados internacionales). Los filtros de los poderes Ejecutivo y Legislativo y el aparato electoral del Estado mexicano serán los que decidan la mitad de los nuevos nombramientos de jueces, magistrados y ministros en la elección del primero de junio de 2025.
Quienes está a favor de la elección ciudadana de los integrantes del Poder Judicial pasan por alto que no es lo mismo buscar el voto popular para ser presidente de la república, diputado federal o senador que ahora, por primera vez, hagan lo mismo quienes pretendan formar parte del pleno de la SCJN o de tribunales de circuito o juzgados de distrito.
Los políticos que pretenden cargos de elección popular tienen el apoyo de los partidos políticos, financiamiento del erario, espacios mediáticos y, lo más importante, están en condiciones de prometer “el cielo y las estrellas” a sabiendas de que no van a cumplir sus promesas.
En la elección programada para el uno de junio del año próximo, estarán en juego poco más de 800 plazas del Poder Judicial de la Federación. La pregunta lógica es ¿qué ofertarán los candidatos juzgadores federales para obtener la confianza ciudadana? ¿Sentencias absolutorias o sentencias condenatorias?
Desde la misma perspectiva ¿por qué no someter al procedimiento de “pueblo sabio” para elegir al Procurador General de Justicia, al titular de la Secretaría de Gobernación, Hacienda, PEMEX, CFE, secretario de Marina, secretario de la Defensa, secretario de Seguridad Pública o bien a todos los ciudadanos que quieran formar parte del Congreso de la Unión?
Cuestión de analizar como la falta de preparación académica, real sentido social y no partidista, se manifiesta desde las curules de la Cámara Baja y los escaños de la Cámara Alta.
En contraparte, ¿de qué sirve la innegable preparación académica de los expertos constitucionalistas RICARDO MONREAL ÁVILA, diputado federal, y ARTURO SALDÍVAR, ex ministro de la SCJN, que hacen a un lado sus amplios conocimientos en materia de Derecho tan solo para favorecer una venganza política de quien construyó el primer piso de la Cuarta Transformación?
Un cuestionamiento más enfocado a la imperiosa necesidad de que prevalezca la separación de poderes y la democracia mexicana ¿cuál era la necesidad de que la reforma se promulgara el 15 de septiembre solo para satisfacer un ego personal sin dar paso a un real debate y discusión?
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Para quienes creen que la elección popular de jueces, magistrados y ministros no es una manera de control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y del Legislativo, deben tomar en cuenta que los candidatos saldrán de propuestas de los tres poderes en cantidades iguales.
Por lógica simple, pasarán el filtro los apoyados por la jefa de las instituciones federales y los integrantes de la actual legislatura en el Congreso de la Unión.
Así de sencillo, luego entonces ¿en dónde está la equidad y la democracia?
Aunque, eso sí, serán los votantes quienes, electoralmente, validen y dinamiten el poder judicial.
II.-Es claro y consistente el argumento de la jueza federal con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, NANCY JUÁREZ, al ordenar a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM que desaparezca del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de reforma al poder judicial.
La juzgadora resolvió el incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión Provisional por violaciones a la suspensión contra la reforma judicial.
En el cuerpo de la resolución se menciona que las autoridades no cumplieron con la suspensión que previamente había siso decretada; también dice que ninguna de las autoridades responsables remitió el informe sobre este incidente.
A partir de lo anterior es que ordenan a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y al director del Diario Oficial de la federación para que dentro del término de 24 horas eliminen la publicación de la reforma.
III.-Respuesta de un Doctor en Derecho a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO con relación al artículo 61 de la Ley de Amparo: “Las causas de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, es independiente a la suspensión, es decir, el incidente se lleva por cuerda separada. Además, la improcedencia del Amparo es cuestión de fondo y el incidente es medida cautelar en lo que se resuelva, precisamente, el fondo del asunto. Por eso, al margen de que proceda o no el Amparo, la suspensión se tiene que acatar”.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
