Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.-Cierto es que el término militarización no necesariamente implica que un país sea gobernado bajo un régimen militar, pero podría aplicar a casos en que las fuerzas castrenses realicen actividades no propias al espíritu de su constitución.
En México, por ejemplo, el país es gobernado por civiles, pero, en cambio, cada vez es más notoria su actividad que tiene que ver con la administración pública federal y, por supuesto, en tareas asociadas a la seguridad pública.
La delegación de funciones tradicionalmente asignadas a civiles como la responsabilidad de la aduanas fronterizas y puertos marítimos se ha visto incrementada con la construcción de infraestructura diversa en distintas regiones del país.
Justamente, desde el sexenio pasado, el entonces presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR asignó mayores responsabilidades a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), además de la labor de apoyo en seguridad pública desde su salida de los cuarteles tras la declaratoria de la “guerra al narco” por el ex mandatario nacional FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.
Actualmente, con la reforma constitucional aprobada en la LXVI Legislatura federal, la Guardia Nacional integrada en su gran mayoría por efectivos militares ahora depende de la SEDENA que encabeza el general RICARDO TREVILLA TREJO.
Justo ahí es donde una corriente de opinión sugiere que, en realidad, el país poco a poco se está militarizando con las distintas tareas asignadas a las fuerzas castrenses, el incremento millonario del presupuesto y, a partir del segundo piso de la Cuarta Transformación con la responsabilidad constitucional de participar en las tareas de seguridad pública y protección ciudadana.
A juzgar por los constantes operativos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con saldo mortal de los protagonistas y civiles acorralados en el fuego cruzado, tal parece que el slogan lopezobradorista “abrazos, no balazos” ha cambiado radicalmente por el de “balazos, no abrazos”.
Sin embargo, ante la falta de una estrategia definida y efectiva con acciones derivadas solo del “topón” durante los patrullajes, tal parece que está saliendo más caro “el caldo que las albóndigas” por lo que a víctimas inocentes se refiere.
El pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, soldados del Ejército Mexicano abrieron fuero en contra de cinco civiles que tripulaban una camioneta tan solo porque se conducían de manera sospechosa.
Con relación a los hechos cuatro elementos militares con grado de cabo, fueron recluidos en una prisión militar por haber infringido el artículo 301 del Código de Justicia Militar que precisa que “comete del delito de desobediencia quien no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla”.
El primero de octubre del año en curso, en el estado de Chiapas, miembros de la milicia dispararon en contra de un vehículo de fuerza motriz en donde se desplazaba un grupo de migrantes con saldo mortal de seis personas asesinadas con los soldados del Ejército Mexicano. La versión oficial, pero a la vez falsa, indica que los militares accionaron sus armas para responder a un ataque.
El exceso de fuerza de la milicia mexicana volvió a manifestarse en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre los días 11 y 12 de octubre pasado en sendos operativos que arrojaron víctimas inocentes.
Como resultado del primer operativo derivado de una persecución de sujetos armados, los efectivos militares asesinaron de un balazo en la cabeza a la enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), YURICCIE RIVERA ELIZALDE, quien viajaba a bordo de un automóvil en compañía de su esposo e hijo.
De acuerdo a información obtenida de testigos presenciales el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), documentó que los soldados huyeron del lugar de los hechos al percatarse del grave error cometido.
Posteriormente, el sábado 12 de octubre, elementos de la Guardia Nacional perseguían a sospechosos que se conducían en una unidad motriz con intercambio disparos, pero, desafortunadamente, en el fuego cruzado quedaron atrapadas en el interior de su auto la señora LIDIA GALVÁN RESÉNDEZ y su nieta de tan solo ocho años de edad LIDIA IRIS FUENTES GALVÁN.
La menor de edad que viajaba en el asiento delantero recibió un impacto de bala en la cabeza quedando gravemente lesionada, pero falleció minutos más tarde en el Hospital General como consecuencia de la gravedad de la lesión.
Como es evidente, si bien es cierto que urge frenar o al menos inhibir la actividad delincuencial que agobia a la sociedad mexicana, también es cierto que se requiere de una planeación bien estructurada y no únicamente del aniquilamiento mediante el clásico “topón”.
¿Cómo la ve?
DESDE EL BALCÓN:
I.-Proporciones guardadas y sin dejar de reconocer que las comparaciones son odiosas, no hay que olvidar que en los años 90 s, el gobierno colombiano negoció con el capo del Cártel de Medellín, PABLO ESCOBAR GAVIRIA, como un recurso para frenar la ola violenta que enfrentaba en aquel entonces ese país.
¿Luego entonces…?
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
