Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.-Derivado de la pugna entre dos grupos delictivos antagónicos en el estado de Sinaloa enfrentados en encarnizados combates desde septiembre pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana analiza si implementa el Operativo Enjambre, en el municipio de Culiacán.
Lo anterior luego que desde una avioneta se lanzaron volantes denunciando presunta red de corrupción del gobernador RUBÉN ROCHA MOYA y el presidente municipal de Culiacán, JUAN DE DIOS GÓMEZ.
Las autoridades policiales presumen que la denuncia proviene del grupo delincuencial Los Mayos quienes intentan aniquilar en la capital sinaloense a Los Chapos, luego de que el panfleto se observan las iniciales MF que estarían asociadas al hijo de El Mayo ZAMBADA, apodado “Mayito El Flaco”.
Como es del dominio público, el secuestro de ISMAEL ZAMBADA en México y arresto en Estados Unidos provocó una escisión en el Cártel de Sinaloa y colocó en esquinas encontradas a los familiares de El Mayo y JOAQUÍN GUZMÁN.
Tras casi cuatro meses de combates sin que la balanza se incline hacia uno u otro lado, Los Mayos decidieron utilizar el recurso del volanteo aéreo para denunciar la complicidad del gobierno de ROCHA MOYA con los hijos de GUZMÁN.
El escrito que cayó del cielo en distintas regiones de Culiacán denuncia e identifica con fotografías a funcionarios y parientes del mandatario estatal de presunta complicidad con Los Chapos.
Los parientes cercanos del gobernador RUBEN ROCHA MOYA denunciados en el volante son su esposa, ALEJANDRA SOFÍA VALADÉS y sus hijos JOSÉ, ENEYDA y RUBÉN ROCHA RUIZ.
ENRIQUE DÍAZ VEGA, ex secretario de Administración y Finanzas y JOSÉ PAZ LÓPEZ, alcalde de Badiraguato, a decir de Los Mayos, también son cómplices de sus rivales.
Llama la atención que el texto del panfleto solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, OMAR GARCÍA HARFUCH, que implemente en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el Operativo Enjambre que se realizó en el estado de México.
Sobra decir que se antoja punto menos que imposible que la secretaría de Seguridad federal lleve a cabo una movilización similar orientada a debilitar las finanzas y logística del grupo delictivo que tiene su centro de operaciones en la capital de esa entidad del Pacífico mexicano.
Cuestión de analizar que las acciones coordinadas y desplegadas por la Secretaría de Seguridad Federal, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional han logrado pacificar esa región.
A pesar de que el gobierno estatal y la Cuarta Transformación insisten en minimizar y focalizar la violencia en aquella entidad federativa como consecuencia de la escisión del Cártel de Sinaloa, lo cierto es la lucha encarnizada ha colapsado la actividad económica, social, laboral y financiera de los distintos sectores productivos.
Cabe señalar que la Operación Enjambre del gobierno federal no se centra en la localización y detención de los líderes delincuenciales y, en cambio, está orientada a proceder en contra de los funcionarios que les brindan protección.
Como resultado de esa acción coordinada que se llevó a cabo el 22 de noviembre en el estado de México, permanecen en prisión y sujetos a proceso jurídico siete funcionarios locales, incluyendo la alcaldesa del municipio de Amanalco.
En aquella ocasión, un jefe policial decidió quitarse la vida al dispararse en la cabeza con su arma de cargo al momento en que las fuerzas federales se aprestaban a arrestarlo por su presunta complicidad con integrantes del cartel Familia Michoacana.
El Operativo Enjambre generó una expectativa favorable entre la población tras considerarse que el inicio en el estado de México sería el comienzo para extenderse en otros municipios del país. Sin embargo, todo parece indicar que se trató de “una llamarada de petate” con dedicatoria para halagar al gobierno estadounidense.
Hasta el momento se desconoce si el Operativo Enjambre inhibió las actividades ilícitas como la extorsión y cobro de piso que exige el cártel de la Familia Michoacana a cada persona que se dedique a una actividad comercial.
Por otra parte, el recuento oficial de daños indica que tras alrededor de 100 días de intercambio de fuego entre los grupos rivales y enfrentamientos de estos contra las fuerzas del orden se han registrado 650 asesinatos, 200 detenciones y el decomiso de 957 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Lo malo del caso es que, al menos a mediano plazo, no se vislumbra la pacificación en el estado de Sinaloa.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Si bien es cierto que el Operativo Enjambre tiene como objetivo principal debilitar a los grupos delictivos mermando la protección de los gobiernos locales, también es cierto que resulta prácticamente imposible llevar esa movilización de fuerzas federales a todos los rincones de la república mexicana.
Y hasta la próxima.
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