El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso que cambia el panorama de la relación bilateral con México: ha designado a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas internacionales. Esta medida, impulsada por la administración de Donald Trump el 19 de febrero de 2025, permite al gobierno estadounidense ampliar su margen de maniobra en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo el uso de herramientas y estrategias anteriormente reservadas para el combate al extremismo islamista.
Si bien la medida ha sido presentada como un endurecimiento de la lucha contra el crimen organizado, en México ha generado un fuerte rechazo, ya que abre la puerta a una posible intervención estadounidense en territorio mexicano bajo el argumento de la lucha antiterrorista. El gobierno mexicano ha respondido reafirmando su soberanía y explorando acciones legales contra fabricantes de armas estadounidenses, cuya producción y comercialización han facilitado la expansión del poder de los cárteles en el país.
El trasfondo de esta decisión es complejo. Por un lado, Estados Unidos señala a estos grupos como una amenaza global, pero por otro, su propio sistema financiero y su industria armamentista han sido clave en su fortalecimiento. Bancos como Wells Fargo y HSBC han estado involucrados en escándalos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, mientras que miles de armas compradas legalmente en territorio estadounidense terminan en manos de estos grupos criminales. De hecho, según datos del Departamento de Justicia de EE.UU., el 74% de las armas incautadas en México provienen de armerías estadounidenses. Además, Wall Street ha facilitado la circulación de estos recursos ilícitos a través de mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales. La pregunta clave es: ¿se aplicarán las mismas medidas drásticas contra las instituciones y empresas que han facilitado el crecimiento de estos cárteles?
El combate al narcotráfico no puede limitarse a designaciones y sanciones unilaterales. Estados Unidos tiene una responsabilidad clara en la crisis de violencia en México, no solo como el mayor consumidor de drogas del mundo, sino también como el país donde el dinero y las armas fluyen sin restricciones hacia los grupos criminales. Si el gobierno estadounidense realmente quiere frenar el problema, debe empezar por regular su propio sistema financiero y controlar la venta de armas que terminan en el mercado negro.
Mientras esto no ocurra, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas seguirá pareciendo más un acto político que una solución real al problema. México no es Afganistán ni Irak, y cualquier intento de intervención bajo esta justificación será visto como una violación inaceptable a su soberanía. Ya en el pasado, el gobierno de Estados Unidos utilizó una justificación similar para invadir Irak en busca de armas de destrucción masiva, una amenaza que resultó ser falsa. Este precedente genera dudas sobre la veracidad de los argumentos actuales y los verdaderos intereses detrás de estas designaciones.
Rola del día: Gimme Shelter de The Rolling Stones https://www.youtube.com/watch?v=RbmS3tQJ7Os
