Por Carlos López Arriaga
Cd. Victoria, Tam.- La semana pasada fue tema relevante en la conferencia matutina de la doctora SHEINBAUM, la protección que brindan jueces y magistrados a la delincuencia.
Ello, al dictar resoluciones alegres como autos de no-vinculación a proceso, revocación a medidas de prisión preventiva, traslados a conveniencia del recluso y hasta la liberación de reos procesados por delincuencia organizada.
Se mencionaron ejemplos de juzgadores como GREGORIO SALAZAR del Estado de México; SILVESTRE PEÑA de Guanajuato; ENRIQUE HERNÁNDEZ y ANÍBAL CASTRO en Sonora; así como FAUSTINO GUTIÉRREZ; FERNANDO ALVARADO y PIEDAD DEL CARMEN ÁVILA en Tamaulipas, entre otros.
Eso fue el jueves 8 y aquí lo comenté (https://tinyl.co/3Iud). Sin embargo, al día siguiente, viernes 9, el juez primero de distrito en Morelia, SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ, otorgó un amparo al grupo musical “Los Alegres del Barranco” para que sigan cantando narcocorridos, pretextando la libertad de expresión.
En abril pasado el citado grupo protagonizó un escándalo en Guadalajara tras desafiar a la justicia al incluir su canción a NEMESIO OSEGUERA, jefe máximo del CJNG, exhibiendo en pantalla gigante imágenes del “Mencho”, de lo cual me ocupé también en este espacio (https://tinyl.co/3Iv8).
Audacia que provocó una reacción inmediata del subsecretario de Estado norteamericano CHRISTOPHER LANDAU, quien revocó a los miembros de dicho grupo los permisos de trabajo y las visas de turismo, al decir que “no vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas.”
LLEGA LA AYUDA
Luego vino la cancelación de contratos que el grupo ya tenía amarrados en Querétaro y Jalisco. Les salió caro el chistecito, pero los “Alegres” tienen quien los defienda. Al concederles el amparo, el citado juez SANTAMARÍA CHAMÚ desató una ola de críticas en la opinión pública, amén de complicarle la chamba.
Hasta ahora, sus diferencias con la FJR y la Judicatura Federal se debían a las suspensiones emitidas contra la reforma judicial de 2024, lo cual le atrajo simpatías entre opositores y grupos de la sociedad civil.
Se había convertido SERGIO SANTAMARÍA en fuente recurrente y figura central en el debate de la reforma, al ser entrevistado por medios críticos como PROCESO, ARISTEGUI NOTICIAS o AZUCENA URESTI en GRUPO FÓRMULA.
Por ello, la Judicatura le envió en abril un visitador para revisar su trabajo y la FGR le inició una carpeta de investigación. Sin embargo, eran divergencias de criterio entre SANTAMARÍA y el gobierno morenista que aún conservaban un matiz político. Ahora es muy distinto.
Amparar a una banda de narcocorridos cambia mucho la tonada. El hombre otorgó una suspensión provisional al decreto que prohíbe interpretar o reproducir música que haga apología del delito en eventos públicos.
Y esto lo aproxima a la etiqueta de los llamados “narcojueces” y lo pone en la mira de Estados Unidos. Las redes que lo apoyaron lo verán ahora con desconfianza. Infortunado desliz para un hombre con su preparación y una carrera que incluye la titularidad del juzgado decimoprimero en Ciudad Victoria, entre 2017 y 2019.
LIBERTAD ACOTADA
No es necesario ser abogado para detectar el inevitable conflicto entre el artículo sexto constitucional que garantiza la libertad de expresión y el 208 del Código Penal Federal que impone sanciones entre uno y cuatro años de cárcel a quien haga pública la referida apología de un delito o un delincuente.
La tensión legal entre ambas disposiciones es evidente. Aunque en casos así, la Carta Magna está por encima de cualquier ley, al señalar que la libertad de expresión puede ser limitada cuando implique un ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
Ya será más difícil que los medios tomen en serio a SANTAMARÍA CHAMÚ. Por lo pronto, el gobierno morenista de Michoacán que encabeza ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA mandó una queja al Tribunal Colegiado federal para que se revise el caso.
LEYES DE PAPEL
No es la única bronca de ese tipo que carga en su morral RAMÍREZ BEDOYA. El 9 de mayo, la jueza ELIZABETH GALICIA dejó en libertad a una dama de nombre LESLIE AMBRIZ, alias “La Güera” (nombre usado por la agencia REFORMA, otras fuentes la llaman LESLIE “N”).
La señora estaba identificada. Era objetivo prioritario de la justicia estatal y fue capturada el día primero de mayo en Huandacareo, Michoacán, por un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad, Ejército y Guardia Nacional. Solo duró 9 días en prisión.
Un mes atrás, el 5 de marzo, otro juez federal de nombre RUBÉN GARCÍA dejó libre a JESÚS RIVERA, alias “Don Chuy”, presunto jefe de plaza del CJNG, capturado 8 días antes, el 25 de Febrero, en Zacapu, Michoacán. Por igual, salió rapidito.
La cereza del pastel fue el cantante sonorense NATANAEL CANO. Se presentó en la Feria de San Marcos el 3 de mayo con sus narcocorridos tumbados (“Cuerno azulado”, entre otros), ignorando la prohibición expresa votada por amplia mayoría en el Congreso de Aguascalientes tres semanas antes, el 16 de abril.
El gobierno panista de MARÍA TERESA JIMÉNEZ, a través de su Secretario General ANTONIO ARÁMBULA justificó de manera infantil la inacción penal contra NATANAEL, aclarando que al entonar sus letras prohibidas, “se le bajó al micrófono”. Buen tema para los estudiosos del derecho, ¿con menos volumen no hay delito?…
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
