Dr. Jorge A. Lera Mejía.
El gobierno mexicano ha manifestado un rechazo absoluto ante la reciente propuesta en el Congreso de Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas al extranjero, una medida que afectaría principalmente a los migrantes mexicanos y sus familias.
Califican la iniciativa como una “injusticia discriminatoria” y enfatizó que los migrantes mexicanos ya pagan impuestos en Estados Unidos, por lo que gravar las remesas representa una doble carga fiscal injustificada. El gobierno federal respaldó el comunicado del Senado de la República, en el que todos los partidos políticos mexicanos expresaron su desacuerdo y preocupación por los efectos negativos que tendría la medida tanto en la economía mexicana como en la estadounidense.
El Congreso mexicano, a través de la Cámara de Diputados, también rechazó categóricamente la propuesta, considerándola discriminatoria y perjudicial para los migrantes, quienes son un pilar fundamental para la economía nacional. Senadores y funcionarios estatales han señalado que el impuesto sería injusto y dañino, subrayando la importancia del diálogo bilateral para evitar la aprobación de una medida que consideran arbitraria y dañina para millones de familias mexicanas.
Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas para México. En 2024, el país recibió un récord de 64,745 millones de dólares por este concepto, cifra que representa aproximadamente el 3.6% del PIB nacional y un incremento del 2.3% respecto al año anterior. Estos recursos son esenciales para el consumo interno, pues en muchos hogares representan la diferencia entre la subsistencia y la pobreza, destinándose principalmente a alimentación, salud, vivienda y educación.
De aprobarse el impuesto del 5%, por cada 100 dólares enviados, los receptores en México recibirían solo 95, lo que se traduciría en una pérdida anual de 3,200 millones de dólares, según estimaciones de expertos. Esta reducción tendría efectos directos en el consumo doméstico, afectando la demanda interna y, por ende, el crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que una caída en el flujo de remesas impactaría negativamente en el consumo de los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables.
Además, la medida podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, aumentando los riesgos de fraude y pérdida de recursos, y dificultando la trazabilidad de estos flujos para las autoridades financieras mexicanas.
El impacto de un impuesto a las remesas no sería uniforme en todo el país. Siete estados concentran más de la mitad del valor de estos recursos: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Oaxaca. Michoacán es el principal receptor, con 5,647 millones de dólares en 2024, seguido de Guanajuato y Jalisco, ambos con más de 5,000 millones de dólares cada uno.
En entidades como Chiapas, las remesas representan hasta el 16% de su PIB estatal, mientras que en Guerrero, Michoacán y Zacatecas equivalen al 13.8%, 10.9% y 10.6% respectivamente. En estas regiones, las remesas no solo son un complemento, sino el principal sostén económico de miles de familias y comunidades enteras. La reducción en el monto recibido afectaría directamente el bienestar social, la inversión en educación y salud, y el desarrollo local.
Más de 4 millones de hogares mexicanos dependen de las remesas, y en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, este ingreso es esencial para la economía familiar. La afectación sería especialmente grave en municipios rurales y comunidades indígenas, donde las oportunidades de empleo son limitadas y el envío de dinero desde el extranjero es la principal fuente de ingresos.
La propuesta de un impuesto del 5% a las remesas desde Estados Unidos representa una amenaza significativa para la economía mexicana y, en particular, para los estados y comunidades más dependientes de estos flujos. El gobierno mexicano ha adoptado una postura firme de rechazo, argumentando la injusticia y discriminación que implica la medida. De implementarse, el impuesto reduciría el ingreso disponible de millones de hogares, afectaría el consumo interno y podría incentivar prácticas informales de envío, con consecuencias negativas tanto para México como para la relación bilateral con Estados Unidos.
IMPACTO A TAMAULIPAS:
La imposición de un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas a Tamaulipas, que recibe un promedio anual de mil millones de dólares, tendría un impacto económico directo de 50 millones de dólares anuales, según cálculos aritméticos básicos. Sin embargo, este gravamen podría amplificar efectos negativos en un contexto donde ya se observa una tendencia a la baja en los envíos.
En 2024, Tamaulipas recibió mil 016 millones de dólares en remesas, 84 millones menos que en 2021 (cuando alcanzó un récord de 1,200 millones). La propuesta agravaría esta tendencia.
Factores adicionales:
La devaluación del peso frente al dólar y la reducción de migrantes en la frontera ya han contribuido a menores envíos.
El impuesto podría incentivar el uso de métodos no regulados para evadir el gravamen, aumentando el riesgo de fraudes y pérdidas.
Doble tributación:
Los migrantes ya pagan impuestos en EE.UU., por lo que el Senado mexicano calificó la medida como injusta y contraproducente para la economía bilateral.
Si bien el cálculo inicial sugiere una pérdida de 50 millones de dólares para Tamaulipas, el impacto real podría ser mayor debido a las caídas en recepción de remesas desde el 2023 y las deportaciones voluntarias de migrantes tamaulipecos.
La propuesta, impulsada por republicanos en la Cámara de Representantes de EE.UU., aún está en discusión y enfrenta resistencia tanto en Washington como en México. Su aprobación dependerá de negociaciones políticas, pero su implementación representaría un golpe adicional a una economía regional ya vulnerable.
