¿Decisiones de escritorio?

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– Benéfica pero mal ejecutada campaña antialcohol

– Drasticidad y mala planeación provocan inconformidad

– Criterio a la defensiva genera abusos de los auditores

LO QUE bien pudiera convertirse en una verdadera y benéfica campaña tendiente a regularizar la venta y enajenación de bebidas embriagantes por parte del Gobierno del Estado, una mala actuación de los ejecutores prácticamente está echando por la borda el plan de trabajo del mandatario FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA.

En efecto, con la consigna de poner orden en todo el territorio tamaulipeco, auditores dependientes de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, acompañados de personal de Protección Civil y de la Comisión Contra Riesgos Sanitarios, custodiados por elementos de la Policía Estatal, recorren las principales ciudades de esta norteña entidad federativa.

La cruzada contra el vicio tiene como objetivo revisar que los establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas cumplan con los requisitos de funcionamiento y con la Ley Estatal de Alcoholes.

Lo malo del caso es que el poco criterio del personal ejecutor está ocasionando inconformidad entre los contribuyentes y, por supuesto, en la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas.

Entre otras irregularidades que tienen que ver con los horarios de apertura y cierre, los auditores estatales han clausurado infinidad de negocios porque operan en un giro que no corresponde a la actividad comercial.

Alrededor del 40 por ciento de las acciones de clausura obedece a que los establecimientos que funcionan como minisúper no ofertan al público productos de abarrotes, tal y como lo establece la normatividad oficial.

Justo ahí es donde se origina el reclamo de los contribuyentes y la representación camaral del comercio organizado. Lo que los inexpertos auditores estatales no saben ni aceptan es que el propio gobierno del estado es quien ha originado esa problemática que está afectando al pequeño comercio.

Resulta que tal instancia gubernamental es la que en su momento otorgó la licencia respectiva, pero, al paso de los años, permitió la entrada a cadenas nacionales como Oxxo, Seven Eleven y Farmacias Guadalajara, a pesar de que no tributan a las arcas estatales y tan solo generan algunos empleos, en detrimento de la economía de muchas familias que dependen de un negocio que no puede competir en igualdad de condiciones.

Como consecuencia de ello, muchos establecimientos comerciales con giro de minisúper se vieron en la necesidad de suspender la venta de abarrotes, por incosteable, y solo comercializar cerveza, vinos y licores en botella cerrada. Obviamente, la irregularidad existe porque ahora funcionan como un depósito de cerveza y no como la actividad que precisa la licencia respectiva.

Sin embargo, desde la pasada administración estatal, cuando un contribuyente pretendía cumplir con la ley al cambiar de giro la actividad comercial, es decir, de minisúper a depósito, se veía imposibilitado porque la Secretaría de Finanzas no permitía nuevos permisos, maniatando así a quienes querían cumplir con la Ley de Alcoholes.

Medida ecuánime y justa sería que el actual gobierno estatal permitiera el cambio de giro al contribuyente mediante una notificación con plazo perentorio.

Cierto es que la cruzada para regularizar la venta de alcohol es bien vista por la sociedad. No obstante, decisiones tomadas desde un escritorio, sin conocimiento real de la problemática y, además, sin diálogo previo con los contribuyentes y su representación camaral, no tan solo genera inconformidad entre los contribuyentes del ramo afectado, sino que ofrece una perspectiva negativa para los vientos del cambio, justo en momentos que se requiere de productividad y fuentes de empleo.

Ni hablar.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx

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