– Pastor congresal, el más afectado políticamente
– Diputados-abogados priístas exhiben su ignorancia
– Leyes de protección y seguridad en vez de leyes “mordaza”
LA LXIII Legislatura Tamaulipeca habrá de pasar a la historia con una mancha imborrable producto de un trabajo plagado de yerros al pretender modificar -inconstitucionalmente- el código penal estatal.
Con solo dos ausencias, el resto de los diputados locales de las distintas fracciones parlamentarias aprobaron por la vía “fast track” el documento enviado por el Ejecutivo Estatal. Extrañamente, o quizá no tanto, de acuerdo al cristal con que se observe, ningún representante popular solicitó que se le diera lectura al proyecto de ley.
Lo peor del caso es que el documento fue redactado por el reconocido jurisconsulto ABELARDO PERALES MELENDEZ, responsable de los Servicios Jurídicos del gobierno del estado de Tamaulipas.
Ante la inconformidad ciudadana y de periodistas y comunicadores por lo atentatorio a la libre expresión de los artículos 171, 189 y 207 del Código Penal, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA decidió no promulgar la Ley hasta en tanto no se modifique y se respete en toda su extensión el Sexto mandato constitucional
Obviamente, el fantasma de la crítica y costo político rodea al presidente de la Junta de Coordinación Política CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ. Aunque, eso sí, como líder congresal cumplió al pie de la letra su misión tendiente a lograr la aprobación del pleno legislativo en tiempo récord.
No obstante, la reversa ordenada por el mandatario estatal como consecuencia de la inconstitucionalidad de la pretendida reforma penal, quiérase o no, le ha generado un costo político al exdiputado federal que mantiene vivo su proyecto político de presidir el ayuntamiento de las tres veces heroica Matamoros.
Pero la natural crítica no tan solo se centra en el responsable de los Servicios Jurídicos Estatales y del pastor camaral. El error legislativo también señala con índice de fuego a los diputados priístas plurinominales RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES y ALEJANDRO ETIENNE LLANO, y no precisamente por su filiación partidista. Ambos han sido presidentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tamaulipas.
Tanto PERALES MELENDEZ como GONZALEZ BENAVIDES y ETIENNE LLANO deben saber que leyes “mordaza” como la pretendida en Tamaulipas fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Michoacán y Chiapas en 2014 y, el año pasado, en la ciudad de México, por atentar el Artículo Sexto de nuestra Carta Magna.
Del mismo modo, apenas el mes pasado, el gobernador del estado de Colima hubo de dar reversa a una reforma legislativa que pretendía coartar las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información. Haciendo valer su derecho constitucional, periodistas y comunicadores colimenses, encabezados por el colega JUAN MANUEL NEGRETE, lograron que se diera marcha atrás a la reforma legislativa.
La saludable decisión del mandatario tamaulipeco para corregir el yerro de los diputados trae a colación que, actualmente, el gremio periodístico en el país registra una escalada de violencia. Los asesinatos de colegas en los estados de Guerrero, Veracruz y Chihuahua son más que elocuentes.
En consecuencia, menos se justifican las leyes mordaza que acotan las garantías constitucionales. Por el contrario, los gobiernos estatales deberían de promulgar leyes que brinden protección y seguridad social para los periodistas y sus familias.
Al respecto, la agrupación gremial Comunicadores Unidos A.C. viene insistiendo y entregando material documental a los representantes populares, aunque, desafortunadamente, sin éxito hasta el momento.
Precisamente, hace algunas semanas, el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, fue informado y documentado de ese justo reclamo de los informadores tamaulipecos. Sin embargo, la respuesta fue totalmente distinta con la -afortunadamente no promulgada- ley “mordaza”.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
