Por cinco votos en contra, incluido el de la titular de la SFP, Arely Gómez; se rechazó la propuesta de Comité de Participación Ciudadana
Agencias
México.- El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazó aprobar un exhorto para solicitar a dependencias del gobierno federal información sobre el «malware» Pegasus, que presuntamente fue utilizado por instancias gubernamentales para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
Durante la sesión ordinaria del Comité Coordinador, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jacqueline Peschard, propuso a los titulares de la ASF, SFP, Inai, Consejo de la Judicatura y Tribunal Federal de Justicia Administrativa, elaborar un exhorto para allegarse de mayor información sobre el caso que fue revelado por el diario estadounidense The New York Times.
«Pensamos que las distintas autoridades que tienen este tipo de programa pudieran darnos información sobre quienes lo tiene, cuánto se ha gastado y cuál es el marco jurídico, es lo que solicitamos para que podamos tener mayor información del caso, que nos parece particularmente relevante», dijo Peschard Mariscal.
Su propuesta estuvo sustentada en que además de ser una grave violación al derecho de la privacidad, podría haber también actos de corrupción.
Empero, el representante del Consejo de la Judicatura, Alfonso Pérez Daza consideró que para hacer ese exhorto el hecho o delito debe estar relacionado con la materia de corrupción.
«Si analizamos y damos lectura a todas las facultes del Comité, prácticamente nuestra función no es la operación práctica de los casos concretos, pareciera ser la que la PGR o el futuro Fiscal Anticorrupción tienen la facultad de poder hacer la investigación, y ya estando los casos concretos con evidencias o instrumentado por la autoridad competente, entonces si tendríamos el caso concreto para poder hacer una recomendación o exhorto, para la aclaración pública de algo que ya esté acreditado».
Por ello dijo que no procede hacer el exhorto a las dependencias gubernamentales.
El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, respaldó ese punto al señalar que es reprobable las intervenciones telefónicas sin orden judicial, no solo por parte del Estado, sino de cualquier persona que irrumpa el derecho a la privacidad.
«Nuestra posición no es contraria a la del Comité de Participación Ciudadana, pero como lo dijo el Consejero Perez Daza no se cumple el supuesto normativo para poder emitir un exhorto de esta naturaleza».
