Agencias
México.- El Cardenal Norberto Rivera reconoció ante el Ministerio Público que desde el 2010 a la fecha registraron seis denuncias de índole sexual que pesan sobre sacerdotes católicos, de acuerdo con un comunicado del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME).
Los casos fueron aceptados por el Arzobispo Primado de México el pasado 26 de julio, durante su comparecencia ante la agente del Ministerio Público Susan García García.
En esa fecha, Rivera declaró por la denuncia que interpusieron los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba en la Procuraduría General de la República (PGR), por supuesto encubrimiento de 15 sacerdotes pederastas.
En el interrogatorio, el religioso mostró las copias de las denuncias que en su momento fueron presentadas por los vicarios episcopales, que son los representantes legales del Arzobispo.
La primer queja fue interpuesta el 12 de abril de 2014 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por Jorge Estrada Solórzano, Obispo Auxiliar de la Quinta Vicaría Episcopal, y la segunda el 14 de noviembre de 2016 por Adolfo Miguel Castaño Fonseca, Obispo Auxiliar de la Tercera Vicaría.
La tercera fue presentada el 15 de febrero de 2017 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por Diana Alejandra Pérez Rodríguez, en su calidad de apoderada legal de la Arquidiócesis, y la cuarta el 27 de febrero de 2017 ante la PGJDF por Alberto Antonio Zapata Verástegui, en su calidad de apoderado legal de la Arquidiócesis.
La quinta y la sexta fueron presentadas el 25 de mayo y el 16 de junio de 2017, también ante la PGJDF, por Crispín Ojeda, Obispo Auxiliar de la Sexta Vicaría, informó la Arquidiócesis.
El Arzobispo detalló que durante su gestión al frente de la Arquidiócesis Primada de México había sancionado a 15 sacerdotes, pero no todos por el delito de pederastia, sino por otros ilícitos tipificados en el Derecho Canónico.
Recalcó que a partir del 19 de agosto del 2010 entró en vigor el artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, que obliga a los ministros de culto y a sus representantes a informar a la autoridad correspondiente sobre la probable comisión de delitos.
Explicó que los otros nueve casos fueron anteriores a la vigencia de la citada ley y sólo uno tuvo que ver con el delito de pederastia y el acusado está siendo enjuiciado penalmente por la información que la Arquidiócesis proporcionó al Ministerio Público.
