– Homicidio del camarógrafo Javier Lucero deja otras lecturas
– Marcada diferencia de asesinatos en los últimos 34 años
– No entienden que no es lo mismo presumir que afirmar
ADEMAS de la natural consternación y la exigencia de esclarecimiento del caso y castigo al o los responsables, el asesinato del camarógrafo JAVIER LUCERO en una plaza de La Paz, Baja California, arroja otras lecturas que valen la pena ser analizadas.
Hasta el momento la autoridad judicial no ha establecido si se trata de un crimen circunstancial o un asesinato derivado de la actividad periodística. La víctima de este hecho sangriento trabajaba de manera independiente, luego de haber laborado por varios años en la empresa televisiva XHK Canal 10, que repentinamente salió del aire, presuntamente por no cumplir con los requisitos oficiales que suplieron al “apagón analógico”.
En 2015, manos criminales dispararon con armas de grueso calibre al domicilio de JAVIER LUCERO quien, por fortuna, no se encontraba en su hogar a la hora del atentado. El pasado sábado por la noche se presenciaba una exhibición de autos en “Plaza Paseo La Paz” cuando una ráfaga de proyectiles le quitó la vida y dejaron mal herida a su pareja sentimental y a otra persona no identificada.
Independientemente de las causas que motivaron el asesinato, por supuesto que es válida la exigencia del gremio periodístico a las autoridades del esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, la detención del o los homicidas.
Sin embargo, adelantarse a la indagatoria ministerial y al proceso judicial y afirmar que se trata de un nuevo atentado a las libertades de prensa y expresión no tan solo es una irresponsabilidad periodística, sino que también es una falta a la ética profesional. Lo prudente, profesional, objetivo y además legal es que la procuración de justicia y el sistema judicial terminen su trabajo.
Desde esa perspectiva, las denuncias, exigencias y manifestaciones del gremio periodístico deben centrarse en la presunción y no en la afirmación de ataques a las libertades primarias, cuando no se tiene sustento jurídico.
Por cierto, vale la pena analizar las cifras que publicita un sector del gremio periodístico organizado de México, respecto a los asesinatos de periodistas que han ocurrido desde 1983 al 2 de octubre de 2017. La lúgubre relación detalla que 279 personas han perdido la vida en atentados, aunque solo 242 eran periodistas.
En un desglose, el mismo documento precisa que desde el año 2000 al 2 de octubre de 2017 se han registrado 214 homicidios, hechos en que 181 periodistas fueron asesinados.
Si Pitágoras no se equivoca, eso quiere decir que de 1983 a 2000 (17 años) un total de 61 informadores perecieron en sendos atentados, al igual que cuatro personas ajenas al periodismo. También, de acuerdo a esa misma relación, se desprende que de 2000 a 2017 (17 años) la macabra relación registra 181 trabajadores de la información asesinados, más 35 personas que se encontraban presentes a la hora de los trágicos acontecimientos.
Es evidente que, con el nuevo siglo, con la llegada del panismo a Los Pinos y el descontrol del crimen organizado, los homicidios de periodistas prácticamente se triplicaron. Coincidencia o no, lo cierto es que los números no mienten.
En consecuencia, los grupos defensores de periodistas y las libertades primarias debieran analizar detenidamente cada caso antes de fijar posturas de denuncia que definen cada asesinato de periodistas como ataques directos a las libertades de prensa y expresión, cuando las causas reales pudieran tener otros orígenes.
Aunque, eso sí, ningún crimen debe quedar en la impunidad.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
