Derechos Humanos señala que existe riesgo de tortura y maltrato contra los detenidos en cárceles de Altamira, Tampico, Reynosa, Matamoros y Victoria.
Agencias
La CNDH emitió un informe en el que señala que por las malas condiciones en que encontraron las cárceles municipales de cinco Ayuntamientos de Tamaulipas, existe riesgo de tortura y maltrato contra los detenidos.
Estos lugares que sirven como espacios de detención preventiva y que pertenecen a los municipios de Altamira, Tampico, Reynosa, Matamoros y de Ciudad Victoria, no aprobaron las visitas que realizó el organismo.
Según el informe 2/2016 girado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estas anomalías se remitieron a los Alcaldes de entonces para su atención.
También en febrero de este año, la CNDH remitió el informe de Seguimiento 2/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), a los actuales Alcaldes, a quienes solicitó atender las observaciones contenidas en el reporte y enviar documentos que muestren el avance en las situaciones de riesgo.
El documento citado de fecha 28 de abril de 2016, del que se tuvieron visitas de seguimiento en octubre y que llevó a cabo personal del MNPT de la CNDH, reveló, que en el municipio de Tampico, en la Coordinación Municipal, Fuerza Tamaulipas, de 14 situaciones de riesgo de tortura o maltrato, persisten al menos 13.
Asimismo, en la dirección de Seguridad Pública municipal de Reynosa, continúan las situaciones de riesgo de tortura.
Durante estas supervisiones también revisaron el derecho a recibir un trato humano, a la legalidad, seguridad y a la protección de la salud.
No obstante, en el apartado de trato humano encontraron que en las celdas municipales no existe un área exclusiva para mujeres, carecen de planchas para dormir y de higiene, además de que son utilizadas para almacenar objetos y no proveen de alimentos a los arrestados.
“Debido a que no se asigna una partida presupuesto para tal efecto”, señaló el reporte.
En cuanto a la revisión por el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, las personas arrestadas se quejaron de que no se les permite comunicase telefónicamente y no les hicieron de sus conocimientos sus derechos.
“La comunicación telefónica de las personas privadas de su libertad y las entrevistas se realizan sin condiciones de privacidad”, arrojó el reporte.
Además de que alojan a indiciados que se encuentran a disposición del Ministerio Púbico, no existe reglamento interno, ni manual de procedimiento para regular la actuación de los servidores públicos, donde la certificación médica se lleva a cabo de manera inadecuada.
Sobre el derecho a la protección de la salud las celdas no cuentan con servicio médico.
