Una sección de muro de 3.6 kilómetros impactaría las funciones de una iglesia y de un cementerio, así como a numerosas casas del sureste de Texas.
Agencias
Dallas.- La revista Texas Observer obtuvo, bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), documentos que ofrecen nuevos detalles sobre los planes del gobierno del presidente Donald Trump para la construcción de 53 kilómetros de muro fronterizo en 15 segmentos en partes del sureste de Texas.
Un mapa producido en mayo pasado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos revela planes de construir las barreras a través de tres reservas naturales, incluido el Parque Estatal Bentsen-Rio Grande, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Santa Ana y el Centro Nacional de Mariposas.
Los documentos también revelan un sistema de calificación que la administración Trump está utilizando para clasificar la dificultad de construcción de cada segmento, en función de la topografía y la dificultad legal de apropiarse de la tierra.
Una sección de muro de 3.6 kilómetros impactaría las funciones de una iglesia y de un cementerio, así como a numerosas casas. Otra sección dividiría un parque de casas móviles, lo que afectaría a «más de 100 propietarios», según el documento.
«Bonito parque de casas rodantes, muchos jubilados viven allí permanentemente», dicen las notas del documento.
La construcción del muro que atravesaría el Refugio Nacional de Vida Silvestre Santa Ana, al sureste de McAllen, es parte de un proyecto piloto y está marcado como «fácil» porque los terrenos ya son propiedad del gobierno federal.
El tramo de muro consistiría en una pared de 5.4 metros de altura que se extendería 4.8 kilómetros a lo largo del refugio de vida Silvestre, que alberga al menos 400 especies de aves y 450 especies de plantas.
«Con este tipo de construcción, sería difícil para (el refugio) Santa Ana mantenerse abierto», dijo a la revista, Scott Nicol, copresidente del equipo de fronteras de la organización ecologista Sierra Club.
De acuerdo con los documentos, el segmento de muro en la reserva natural Santa Ana costará 45 millones de dólares.
El tramo de muro en la reserva también incluye una «zona de aplicación de la ley» (enforcement) de 150 pies (4.5 metros) que correría al sur de la barrera. Esta zona incluiría una carretera para todo clima combinada con sensores de movimiento de fibra óptica subterráneos.
Correos electrónicos entre los ingenieros gubernamentales y empleados de la firma de construcción Michael Baker International, que trabaja en el proyecto, detallan la instalación de torres de video vigilancia de 36.5 metros de alto y luces para iluminar la zona de aplicación de la ley.
Los documentos muestran también que la construcción del muro está retrasada. El gobierno planea comenzar la construcción iniciando en la reserva natural Santa Ana en octubre de 2017. Sin embargo, otros cronogramas elaborados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército indican que el trabajo en el refugio podría comenzar hasta el próximo verano.
La preocupación de que algunos residentes estadunidenses quedarían “atrapados” en áreas entre frontera y el muro, motivó a la organización “Proyecto de Derechos Civiles de Texas” comenzar a recopilar los nombres de esas personas en abril de 2017.
La construcción del muro dejaría a dichos residentes en territorio estadunidense, pero fuera del muro fronterizo que separaría a Estados Unidos de México.
En mayo pasado, el Congreso estadunidense aprobó 341 millones de dólares para las reparaciones o el reemplazo de muros fronterizos existentes, una fracción de los mil millones que el presidente Donald Trump solicitó para construir su muro.
Para el Valle del Río Grande, en el sureste de Texas, se destinaron 49 millones para instalar 35 puertas en las brechas existentes entre los segmentos de muro.
A nivel nacional, existen ya mil 052 kilómetros de barreras a lo largo de la frontera, pero se encuentran principalmente en California y Arizona, donde la mayoría de las tierras son de propiedad federal.
Los intentos de construir el muro en tierras privadas en Texas hace una década desencadenaron protestas y batallas judiciales entre los terratenientes y el gobierno. Varios casos legales aún están pendientes.
