Jurídico de Salud justifica con documentos oficiales propiedad del predio reclamado por el Tricolor.
El Gobierno del Estado es el propietario legítimo del predio donde se encontraban las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, del municipio de Xicoténcatl, afirmó el director jurídico de la Secretaría de Salud, Víctor Girón Dimas.
El funcionario desmintió lo dicho por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, en el sentido de que habían sido desalojados de manera irregular del edificio que usaban como oficinas del tricolor.
«Hemos escuchado que han dicho que de manera ilegal se han hecho algunas actuaciones por parte del Gobierno del Estado cosa que es totalmente falso, la realidad de las cosas es que nosotros como Gobierno del Estado a través de las diferentes secretarías de salud, de obras públicas y de administración, mediante una donación legalmente efectuada, se realizó la transferencia de un bien inmueble», dijo.
Precisó, luego de presentar las actas, que en marzo de este año un particular entregó en donación dicho terreno al Gobierno del Estado, lo cual expuso, se puede comprobar a través del Registro Público de la Propiedad, además dijo que desde hace un año habían notificado de manera verbal que dicho terreno sería utilizado para ampliar un centro de salud.
Insistió que desde hace tiempo tanto el Gobierno del Estado como el municipio de Xicoténcatl, ofreció al Comité del PRI otro terreno para que continuaran realizando sus actividades partidistas, sin embargo rechazaron la propuesta. «Cosa que a la fecha no han querido», dijo.
El Director Jurídico de la Secretaría de Salud manifestó que todo los bienes e inmuebles están resguardados.
Por su parte, Alejandro Torres Mansur, director Jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI, informó que fue presentada una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado por los delitos de robo, despojo, daño en propiedad ajena y otros delitos, sin que hubiera un mandato judicial.
Añadió que la Procuraduría de Justicia del Estado se negó a recibir dicha denuncia, por lo cual será dada a conocer nuevamente a la vez que se habrá de presentar en contra de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales.
