El candidato Independiente, Jaime Rodríguez, usó empresas de carácter mercantil para hacer trasferencia de recursos a sus propias cuentas bancarias
Agencias
México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Jaime Rodríguez Calderón utilizó mecanismos de financiamiento prohibidos por la legislación electoral, para obtener las firmas de apoyo ciudadano y postularse como candidato independiente a la Presidencia de la República.
En un comunicado, detalló que por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior determinó que el INE acreditó plenamente que «El Bronco», dispuso de personal administrativo del gobierno de Nuevo León para recabar firmas de apoyo de simpatizantes en horario laboral.
Además, usó empresas de carácter mercantil para hacer trasferencia de recursos a cuentas bancarias del propio aspirante, bajo el concepto de aportaciones de campaña, y utilizó tarjetas de débito para pagar a auxiliares, con dinero que tuvo su origen en empresas de carácter mercantil.
Los magistrados de la Sala Superior confirmaron así una multa por 739 mil pesos y que se le dé vista de las indagatorias al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Del mismo modo, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al Congreso del Estado de Nuevo León y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En sesión pública, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió las impugnaciones identificadas como SUP-RAP-152, SUP-RAP-153/2018 y SUP-RAP-154/2018, que interpuso Rodríguez Calderón contra diversos procesos oficiosos en materia de fiscalización.
Lo anterior, con motivo de diversas irregularidades registradas en la revisión de los informes de ingresos y egresos del actor por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
En su intervención, la presidenta de la Sala Superior, Janine M. Otálora Melassis dijo: «no podemos tolerar el uso de esquemas que pretenden ser legales, ya que se pone a prueba legalidad y diligencia de las autoridades».
