Agencias.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que presentará en la sesión del pleno de este martes una iniciativa para tipificar como delito el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado.
El también líder de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara alta refiere que, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre 30 y 35 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por bandas criminales, quienes además de participar directamente en las operaciones ilícitas, realizan tareas que repercuten seriamente en su bienestar emocional y ponen en riesgo su vida.
Ante el “incremento alarmante” de esta práctica, dio a conocer que propondrá reformas al Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños.
El legislador zacatecano plantea en la iniciativa, además, incorporar la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de adoptar medidas para identificar, procesar y sancionar a los agentes estatales o personas civiles que ejecuten, autoricen, colaboren o faciliten el reclutamiento de personas menores de edad o su utilización en conflictos armados.
Refiere que en nuestro país no está tipificado el reclutamiento y el uso de niñas y niños menores de 15 años para participar en hostilidades, no obstante que el Derecho Internacional Humanitario lo prohíbe, y la Corte Penal Internacional lo define como un crimen de guerra.
Por ello, Monreal Ávila planteará este proyecto de decreto, además con el objetivo de atender las recomendaciones que han emitido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el contexto de los compromisos del gobierno mexicano para atender la violación de los derechos contra el sector de la población mencionado.
El senador de Morena, ademas, impulsa la implementación de políticas, mecanismos e instituciones especiales para reinsertar en la vida social a niñas, niños y adolescentes que hayan participado como miembros de organizaciones armadas, estatales o no gubernamentales; esto también en respuesta a la recomendación de la ONU.
“La falta de reconocimiento jurídico en el derecho mexicano, así como la ausencia de castigo para los reclutadores contribuyen no sólo a privar de un futuro mejor a los niños y las niñas, sino que lacera a toda la sociedad”, advierte el legislador en su iniciativa.
