Texas.— Cualquier niño que sea elegible para asistir o que ya asista a una escuela pública, podría solicitar el programa propuesto por el Senado, así como aquellos inscritos en el programa preescolar de una escuela pública. Las familias con niños que ya asisten a escuelas privadas también podrían participar.

El gobernador Greg Abbott, el principal defensor de los vales escolares del estado, ha pedido anteriormente que cualquier propuesta de vales tenga elegibilidad universal, lo que generalmente significa que cualquier estudiante puede solicitarla.

El proyecto de ley daría prioridad a los estudiantes en hogares de bajos ingresos y a los niños con discapacidades si la demanda de las cuentas de ahorro excede los fondos disponibles.

Las organizaciones que ayudan a administrar el programa tendrían que notificar a los padres que las escuelas privadas no tienen que seguir las leyes federales y estatales con respecto a la educación especial que las escuelas públicas deben cumplir, como la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades o IDEA.

El proyecto de ley también tiene una disposición para abordar el posible mal uso de los fondos. El proyecto de ley ordena al estado que remita a las autoridades locales a cualquier organización o individuo que ayude a administrar el programa o que participe en él y que utilice los fondos de formas no permitidas.

Los gastos aprobados incluyen la matrícula de escuelas privadas, la capacitación para una certificación basada en la industria, la tutoría y los materiales de instrucción.

El proyecto de ley no requiere que los participantes tomen las mismas pruebas estandarizadas estatales que se emiten anualmente a los estudiantes de las escuelas públicas, lo que algunos opositores a los vales y funcionarios escolares han dicho que crea un campo de juego injusto. Sí requiere que los estudiantes tomen un examen reconocido a nivel nacional.

El Comité de Educación del Senado llevará a cabo una audiencia pública para la propuesta el martes.

Junto con prioridades presupuestarias

El proyecto de ley llega durante la misma semana en que tanto la Cámara como el Senado publicaron sus prioridades presupuestarias para la sesión legislativa de 2025.

Ambas cámaras propusieron reservar mil millones de dólares en los próximos dos años para crear cuentas de ahorro para la educación, un aumento de 500 millones de dólares de lo que los legisladores propusieron para dicho programa durante la sesión legislativa de 2023.

Según la propuesta de ayer viernes, eso significaría que aproximadamente hasta 100 mil estudiantes que quieran inscribirse en una escuela privada acreditada podrían participar en el programa. En la actualidad, las escuelas públicas de Texas tienen matriculados a unos 5.5 millones de niños.

Mandy Drogin, directora de campaña de la Texas Public Policy Foundation, una de las principales organizaciones conservadoras del estado que promueve las cuentas de ahorro para la educación, dijo a The Texas Tribune que el proyecto de ley del Senado crearía el mayor programa de cuentas de ahorro para la educación de Estados Unidos.

“Además, la elegibilidad universal garantizaría que ningún niño quede excluido y que cada padre tenga la oportunidad de tomar decisiones educativas para sus hijos”, dijo en una declaración.

Chandra Villanueva, directora de políticas y defensa de Every Texan, que se opone a los vales, dijo que no cree que la priorización del proyecto de ley de los estudiantes de bajos ingresos o los niños con discapacidades si la demanda del programa supera la financiación tenga un gran impacto.

“La mayoría de las familias de bajos ingresos no podrán afrontar la brecha de matrícula de una escuela privada, o enviarán a sus hijos a una escuela de menor calidad porque se promocionan como privadas pero en realidad no ofrecen nada más allá de lo que ofrecería una educación pública”, dijo.

Villanueva agregó que tampoco cree que el proyecto de ley ayude mucho a los estudiantes de educación especial, dado que hay un número relativamente pequeño de escuelas privadas en el estado que se especializan en atender a estudiantes con discapacidades.

‘Absurdo’, dejar de lado discapacidades

David DeMatthews, profesor de educación en la Universidad de Texas en Austin, calificó de “absurdo” que la propuesta permita a las escuelas privadas ignorar las protecciones federales y estatales que garantizan que los niños con discapacidades reciban evaluaciones y servicios educativos adecuados.

“Creo que este es un ejemplo de la creación de un mercado educativo que no es para todos”, dijo DeMatthews. “Porque se les está pidiendo a los padres que renuncien a protecciones que están consolidadas en la ley federal. Habrá padres que no estén dispuestos a hacer eso”.

Mientras tanto, Jeremy Newman, vicepresidente de políticas de la Texas Home School Coalition, dijo que el proyecto de ley de cuenta de ahorros para educación propuesto el viernes era “bastante parecido a lo que esperábamos”.

“Las familias que educan a sus hijos en casa podrían usarlo, y creo que sería extremadamente útil para ellos”, dijo Newman, y agregó que su organización planea apoyar la legislación durante la audiencia pública programada para el martes. “Tengo bastante esperanza de que obtengamos algo similar en la Cámara”.

Después de años de chocar contra un muro, los defensores de los vales escolares en Texas ingresaron a la sesión legislativa de este año con mejores probabilidades que nunca de aprobar una medida que permitiría a los padres usar dinero público para pagar la educación privada de sus hijos. El Senado se ha mantenido en gran medida en sintonía con Abbott mientras presionaba por un programa de vales.

La Cámara sigue siendo el mayor desafío. En la última sesión, los legisladores de esa cámara votaron a favor de eliminar de un proyecto de ley de financiación masiva de la educación una disposición para establecer cuentas de ahorro para la educación. Veintiún republicanos, la mayoría de los cuales representaban a distritos escolares rurales, se unieron a los demócratas de la Cámara en oposición a la legislación por temor a que dicha propuesta socavaría la financiación de la que dependen las escuelas públicas.

(AGENCIAS)

Washington.- Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han recibido órdenes de parte de funcionarios del Presidente Donald Trump de aumentar agresivamente el número de personas que arrestan para ser deportados.

El diario The Washington Post reveló que la petición es pasar de cientos de detenciones a entre mil 200 y mil 500 migrantes detenidos.

De acuerdo con el diario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha sentido decepcionado con los resultados hasta el momento de su campaña de deportación masiva, según personas con conocimiento de las reuniones informativas.

«Las cuotas se definieron el sábado en una llamada con altos funcionarios del ICE, a quienes se les dijo que cada una de las oficinas de campo de la agencia debería realizar 75 arrestos por día y que los gerentes serían responsables de no cumplir con esos objetivos.

«Las órdenes aumentan significativamente la posibilidad de que los oficiales empleen tácticas de aplicación más indiscriminadas o enfrenten acusaciones de violaciones de los derechos civiles mientras se esfuerzan por cumplir con las cuotas, según funcionarios actuales y anteriores del ICE», indica la publicación de The Washington Post.

El «zar de la frontera» de la Casa Blanca, Tom Homan, ha dicho durante semanas que el ICE no realizará redadas masivas y que sus agentes darán prioridad a los inmigrantes con antecedentes penales y que sean miembros de pandillas.

Sin embargo, a decir del diario, las cuotas emitidas este fin de semana colocarían a los agentes del ICE bajo mayor presión para detener a una gama más amplia de posibles deportados para evitar reprimendas, incluidos inmigrantes que no han cometido delitos.

El ICE anunció en un comunicado el domingo que los agentes «comenzaron a realizar operaciones específicas reforzadas hoy en Chicago», con la ayuda de otras agencias federales, incluido el FBI.

(AGENCIAS)

El gobierno de Donald Trump dijo el viernes que había cumplido las promesas del presidente de cambiar el nombre del golfo de México por el de “golfo de América”, en alusión a Estados Unidos y de devolver al Denali, el nombre que los pueblos originarios de Alaska dan al pico más alto de Norteamérica, su nombre anterior, monte McKinley.

Cambiar el nombre del cuerpo de agua tal como se utiliza en Estados Unidos está dentro de las competencias de la gestión de Trump. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya ha empezado a utilizar el nombre “golfo de América”, poniendo en un aviso meteorológico de invierno que una zona de bajas presiones se desplazaba “a través del golfo de América” en dirección a Florida.

Sin embargo, otros países no tienen por qué seguir su ejemplo. Cuando el presidente Trump anunció por primera vez su plan de cambiar los nombres, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió insinuando que Estados Unidos debería rebautizarse como América Mexicana.

“El golfo de América, antes conocido como golfo de México, es uno de los activos más vitales de la historia y la economía de la nación”, dijo el Departamento del Interior en un comunicado el viernes.

La agencia también indicó el viernes que la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos, organismo federal que supervisa los nombres geográficos normalizados, está trabajando “con celeridad” para cumplir la orden de Trump de devolver el nombre del expresidente William McKinley al pico de Alaska.

En 2015, el gobierno de Obama bautizó oficialmente la montaña con el nombre de Denali, tras décadas de activismo por parte de grupos de nativos de Alaska, así como de legisladores de los dos principales partidos. El viernes, el gobierno de Trump calificó esa decisión de la era Obama de “afrenta” a McKinley.

McKinley, que era de Ohio, no tenía ninguna conexión conocida con Alaska y nunca visitó la montaña. El pico fue bautizado en su honor por un buscador de oro y se popularizó después de que llegó a la presidencia y fue asesinado.

Los senadores Lisa Murkowski y Dan Sullivan por Alaska, ambos republicanos, se han opuesto a los esfuerzos de Trump por cambiar el nombre. Dijeron que consideraban que Denali era el nombre legítimo de los sobrecogedores picos blancos situados a 6100 metros sobre el nivel del mar en el hogar del pueblo koyukon y de otros grupos nativos de Alaska.

Cualquier proponente de un cambio de nombre está obligado por ley a exponer su caso ante la junta de nombres geográficos, formada por representantes de diversos organismos gubernamentales. Según la ley, si la junta no actúa en un plazo “razonable”, el secretario de Interior tiene autoridad para cambiar un nombre.

En el caso del Denali, Alaska intentó durante unos 40 años sustituir el monte McKinley por el nombre indígena antes de que el gobierno de Obama tomara medidas.

(AGENCIAS)

A medida que el presidente Donald Trump endurece las políticas de inmigración del país, legisladores en estados liderados por demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían erigir obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los migrantes sin estatus legal a evitar la deportación.

Los esfuerzos de resistencia en California, Nueva York y otros estados son un contrapunto a los muchos estados liderados por republicanos que avanzan medidas para apoyar la represión de Trump contra la inmigración ilegal, destacando una división nacional.

En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal.

Ya se han introducido cientos de proyectos de ley sobre inmigración en los estados y se esperan más iniciativas la próxima semana. Los gobernadores republicanos Ron DeSantis de Florida y Bill Lee de Tennessee han convocado sesiones legislativas especiales para comenzar el lunes para apoyar la agenda de inmigración de Trump.

Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawai, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los caseros pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes.

Muchos adultos estadounidenses apoyan reforzar la seguridad en la frontera sur y deportar a los migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y han sido condenados por delitos violentos, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pero algunas medidas cuentan con menos consenso. Aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses adultos apoyan la deportación de todos los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, mientras que una proporción similar se opone.

Asistencia jurídica para luchar contra la deportación

A diferencia de los tribunales penales, en los tribunales de inmigración no existe el derecho constitucional a un abogado financiado por el gobierno. Mientras Trump intensifica los esfuerzos de deportación, algunas medidas estatales ayudarían a pagar abogados para defender a las personas que se enfrentan a procedimientos de inmigración.

Una líder de tales esfuerzos es la asambleísta de Nueva York Catalina Cruz, quien llegó a Estados Unidos a los 9 años desde Colombia y permaneció sin estatus legal durante más de una década antes de obtener la residencia permanente y convertirse en ciudadana estadounidense y abogada.

Cruz ha presentado más de media docena de proyectos de ley para ayudar a los inmigrantes. Uno de ellos haría valer el derecho estatal a la asistencia jurídica en los procedimientos de inmigración en Nueva York, o en cualquier otro lugar si el migrante viviera en Nueva York. Otro autorizaría subvenciones estatales para que las organizaciones contraten, formen y equipen a personal que preste asistencia jurídica a las personas que se enfrentan a la deportación.

“En un mundo donde la amenaza de deportaciones masivas es inminente”, la normativa “da a las personas una oportunidad para luchar por su caso, para luchar por sus familias, para luchar por sus derechos”, dijo Cruz.

Cruz estima que el 60% de los residentes en su distrito legislativo de la ciudad de Nueva York son no ciudadanos. “La gente está aterrorizada”, agregó.

Nueva York está entre varios estados que ya financian ayuda legal para migrantes. Pero los defensores quieren aproximadamente el doble de dinero de lo que ha propuesto la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

“Este es un momento en el que invertir en el debido proceso y la equidad para los migrantes en riesgo en Nueva York es de fundamental importancia”, dijo Shayna Kessler, directora de una iniciativa de representación universal en el Vera Institute of Justice, una organización sin fines de lucro.

Ayuda a los inmigrantes que buscan un estatus legal

Algunas propuestas legislativas también financiarían a abogados que pudieran ayudar a los migrantes a obtener la residencia legal.

Un proyecto de ley de la senadora estatal por Oregon Lisa Reynolds exigiría al Departamento de Servicios Humanos del estado ofrecer subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a las personas que no son ciudadanas a cambiar su situación migratoria o convertirse en residentes legales permanentes. Proporcionaría 6 millones de dólares para poner en marcha el programa durante el bienio presupuestario que comienza en julio.

“Oregon ha tenido una tradición muy orgullosa de hacer todo lo posible por ayudar a aquellos que han inmigrado recientemente a nuestro estado desde otros países, y especialmente a aquellos que han sido refugiados políticos”, dijo Reynolds. “Todos sentimos un poco más de urgencia al respecto”.

Desde 1987, la ley de Oregón ha prohibido a los policías «detectar o aprehender personas con el propósito de hacer cumplir las leyes federales de inmigración”. Los votantes en 2018 derrotaron una medida de votación que habría derogado la llamada ley santuario.

Un escudo para escuelas con estudiantes migrantes

Esta semana, el gobierno de Trump revocó las directrices que durante más de una década habían limitado a las agencias federales de aplicar la ley de inmigración en lugares sensibles, como escuelas, iglesias y centros de salud. Algunos padres temen ahora redadas de inmigración en las escuelas.

En California, aproximadamente 1 de cada 5 niños vive en familias donde al menos una persona no tiene estatus legal, según The Children’s Partnership, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles.

El asambleísta de California Al Muratsuchi, presidente del comité de educación de la cámara, está patrocinando una legislación que dificultaría la entrada de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)a escuelas y centros de cuidado infantil.

El proyecto de ley requeriría que los funcionarios federales tengan una orden judicial, una declaración escrita del propósito, una identificación válida y la aprobación de un administrador de la instalación. Si se cumplen esos criterios, los funcionarios de inmigración federales aún solo podrían acceder a áreas donde no estén presentes los niños.

Muratsuchi dijo que comenzó a trabajar en el proyecto de ley tan pronto como Trump fue elegido.

“Esta es una prioridad principal para proteger a todos nuestros estudiantes, incluidos nuestros estudiantes migrantes”, dijo Muratsuchi.

(AGENCIAS)

Con números de Seguro Social y autorización de empleo, los trabajadores que llegaron recientemente de lugares como Haití y Venezuela han estado empacando y clasificando pedidos en Amazon; fabricando piezas de automóviles para Toyota y Honda; y trabajando en hoteles, restaurantes y centros de vida asistida.

El viernes se despertaron con la noticia de la administración Trump de que muchos de ellos podrían ser detenidos abruptamente y deportados rápidamente.

Un memorando emitido por el secretario interino de Seguridad Nacional instruye a los agentes de inmigración a acelerar la deportación de inmigrantes que han sido admitidos bajo ciertos programas que fueron creados por la administración Biden y que han beneficiado a alrededor de 1,5 millones de personas.

Muchos de ellos tienen un estatus de protección que se extiende por uno o dos años más. Decenas de miles, que llegaron más recientemente, probablemente no lo tengan.

El memorando no deja claro exactamente quién podría ser deportado.

Frantzdy Jerome, un migrante haitiano que había concertado una cita en un puerto de entrada a lo largo de la frontera sur, fue admitido en el país en junio. En cuestión de semanas, le otorgaron un permiso de trabajo y ha estado trabajando en el turno de noche en un almacén de Amazon en el Medio Oeste. Le preocupa que lo designen para la deportación.

“La noticia me llena de miedo”, dijo Jerome, de 33 años, quien tiene un niño pequeño en Estados Unidos y apoya a 12 personas en su país natal.

“Hay muchos haitianos que trabajan en Amazon y todos estamos nerviosos por la situación”, afirmó.

En un refugio para inmigrantes de Nueva York, Elhadi Youssouf Diagana, de 34 años, de Mauritania, dijo que algunas personas no habían abandonado las instalaciones.

“Hay gente que trabaja para Uber, que reparte comida, y no quiere salir”, añadió Diagana. “Están ahí, no se mueven”.

Wilfredo O. Allen, abogado de inmigración en Miami, dijo que cuando fue a desayunar a un restaurante cubano el viernes, varios trabajadores —algunos de los cuales ya son clientes suyos— lo bombardearon con preguntas sobre si podían ser deportados.

Los expertos dijeron que los inmigrantes tenían todos los motivos para preocuparse porque el memorando convirtió a cientos de miles de personas que estaban en el país legalmente en inmigrantes no autorizados.

“Después de haber hecho todo lo que el gobierno les dijo que hicieran, están en el mismo barco que alguien que llegó aquí ilegalmente”, dijo Lynden Melmed, ex asesora legal principal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

“En este momento, aunque usted tenga documentos válidos que le permitan trabajar y estar en Estados Unidos, esta guía lo hace vulnerable a que los agentes de inmigración lo detecten y lo arresten en cualquier momento”, dijo Melmed, socio de la firma Berry Appleman & Leiden.

El expresidente Biden utilizó su autoridad ejecutiva para admitir a personas con estatus temporales que no ofrecen automáticamente una vía a la residencia permanente. Pero, fundamentalmente, las iniciativas protegieron a los beneficiarios de la deportación durante al menos dos años y les permitieron trabajar legalmente.

El memorando emitido el jueves por la noche por Benjamine C. Huffman, el secretario interino de Seguridad Nacional, ordena a los agentes de inmigración que identifiquen para una deportación acelerada a la población de migrantes que se beneficiaron de dos iniciativas específicas de la era Biden relacionadas con la gestión fronteriza.

Una de ellas era una aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos llamada CBP One, que los migrantes utilizaban para programar citas para entrar en Estados Unidos (y para desalentar las entradas no programadas y no autorizadas). La otra era un programa que permitía a más de 500.000 personas de cuatro países en problemas (Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití) volar directamente a Estados Unidos si tenían un patrocinador financiero en ese país. Ambas iniciativas fueron populares y el gobierno de Biden les atribuyó el mérito de haber ayudado a reducir el aumento de cruces no autorizados por la frontera sur.

A los migrantes se les concedió una subvención para permanecer en el país durante un máximo de dos años bajo un estatus legal temporal conocido como “libertad condicional”.

Por otra parte, la administración Trump ordenó una pausa inmediata de otro programa de libertad condicional de Biden que ha permitido a más de 150.000 ucranianos ingresar a Estados Unidos si tenían patrocinadores financieros, según un correo electrónico obtenido por el Times.

Los defensores de los inmigrantes dijeron que temen que una iniciativa que ha acercado a los afganos desde la retirada militar estadounidense también pudiera estar en riesgo.

Las órdenes ejecutivas y el memorando del presidente Trump han marcado el comienzo de una nueva era en la aplicación de las leyes de inmigración que parece ser mucho más amplia que cualquier otra vista en décadas.

Los gobiernos anteriores, incluso los republicanos, dieron prioridad a la detención y expulsión de personas con antecedentes penales, dados los recursos limitados para aplicar la ley. Pero si bien algunos funcionarios de Trump han dicho que ellos también darán prioridad a las personas con antecedentes penales, las primeras medidas del gobierno han dejado en claro que su objetivo es abarcar una red mucho más amplia.

El memorándum sugiere que los agentes revisen los casos de inmigrantes que no hayan solicitado asilo dentro del año de haber ingresado a Estados Unidos.

Muchas personas que ingresaron al país cuando Biden todavía era presidente tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una designación que se les otorga a personas de países que el poder ejecutivo considera que están en una situación de extrema agitación debido a una crisis humanitaria, agitación política o un desastre natural. Eso permite que los ciudadanos de esos países que ya están en Estados Unidos se queden.

Antes de dejar el cargo, la administración Biden extendió el TPS para inmigrantes de muchos países al menos hasta 2027, y es probable que sigan protegidos de la deportación, incluso después del reciente memorando. Otros tienen solicitudes de asilo, lo que debería protegerlos.

Los expertos dijeron que los más vulnerables a una aplicación inmediata de la ley eran probablemente aquellos que habían cruzado la frontera recientemente usando la aplicación CBP One. A menudo, habían esperado meses en México hasta que la pantalla de su teléfono mostrara un aviso que les indicaba que debían presentarse en un puerto de entrada a lo largo de la frontera sur en una fecha y hora específicas.

Luego se les concedió la libertad condicional para entrar al país y, en cuestión de semanas, por lo general, contaban con autorización de empleo y números de Seguro Social y podían comenzar a trabajar.

Guillermo Estrada, de 40 años, que se encontraba en un refugio en Brownsville, Texas, a principios de esta semana, había usado la aplicación. Dijo que él y otras personas en el refugio sentían que “eran afortunados” por haber logrado llegar a Estados Unidos antes de que Trump regresara al poder.

“Lo hicimos de la manera correcta. No cruzamos ilegalmente”, dijo Estrada. “Podríamos haber cruzado por el río, pero esperamos”.

Él y otros se quedaron preguntándose qué significarían en el futuro las medidas agresivas del Sr. Trump.

Después de la noticia del memorando del viernes, una palabra seguía surgiendo: miedo.

“Por supuesto que tenemos miedo. Todos sentimos el mismo miedo”, dijo Estrada el viernes.

“Si nos deportan a México, la mafia está ahí”, dijo. “Si nos deportan a Venezuela, el gobierno nos está esperando”.

El señor Estrada dijo que fue perseguido en Venezuela por expresar sus opiniones contra el actual gobierno. Señaló una herida de bala en un tobillo que, según dijo, le había infligido un soldado venezolano.

“Imagínese, ¿a dónde vamos a ir? Gasté miles de dólares para llegar aquí”, dijo. “Si todo estuviera bien en Venezuela, hubiera regresado por mi cuenta”.

El hombre que dirige el refugio en Brownsville, Víctor Maldonado, no pudo ofrecer tranquilidad a los migrantes. Dijo que había visto camiones del ICE circulando por el refugio en los últimos días. “Parece que estaban explorando”, dijo Maldonado. “Simplemente no sabemos si pueden venir y recoger a las personas que no tienen permisos de trabajo. Hay muchas incógnitas”.

La representante María Elvira Salazar, republicana de Miami, envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional instando al departamento a proteger de la deportación a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que no tengan antecedentes penales o casos de deportación pendientes.

Pero el memorando ordena a los agentes “tomar todas las medidas necesarias” para revisar los casos de los inmigrantes y ejercer discreción para determinar si pueden ser sometidos a una deportación acelerada, lo que priva a las personas de comparecer ante un juez para luchar por permanecer en el país.

Es posible que algunos países no acepten a sus nacionales repatriados, pero muchos migrantes afirmaron que no podían aceptar el regreso.

El Sr. Jerome dijo que miembros de su familia en Haití habían sido asesinados por pandillas que han tomado el control de grandes franjas del país.

Por ahora, “seguiré trabajando con mucho miedo”, dijo unas horas antes de dirigirse a su turno en el almacén de Amazon. También se preguntó si Jeff Bezos, el fundador de la empresa, podría ayudar de alguna manera.

“Tal vez Bezos pueda hacer algo por la gente que trabaja para él porque es amigo de Trump”, dijo.

(AGENCIAS)