Dr. Jorge A. Lera Mejía. Profesor Investigador por la UAT, SNII-2 Conahcyt. ORCID: 0000-0003-2149-9923.
La migración de centroamericanos y de transmigrantes originarios de otros países en tránsito por México, registra una tradición centenaria que se confunde con la migración de los propios mexicanos, que históricamente es mayor que los transmigrantes en su cruce por nuestro territorio.
En años recientes, agravado por el impacto de las crisis económicas, violencia de la región y el golpe brutal de la pandemia del COVID-19, la creciente migración de centroamericanos y mexicanos ha detonado en una notoria gravedad, ahora contaminada por la intromisión de bandas del “crimen organizado” (CO) por el pujante negocio de “Tráfico Ilícito de Migrantes” (TIM), al grado de identificarse como una auténtica “crisis migratoria”.
México pasó de ser país de tránsito, a un “Tercer País Seguro” de facto, por ser ahora región de “origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Los acontecimientos presentados en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, donde fallecieron 40 migrantes y resultaron heridas otras 25 personas, originarias de Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras, dentro de las instalaciones del Centro de Detención del INM, muestran la complejidad que está presentando el fenómeno descrito de la migración por México, donde se reconoce que, debido a la violencia y los riesgos, los que más sufren y padecen del tráfico ilícito son precisamente los transmigrantes que se ven forzados a transitar por las tres grandes rutas del Golfo, Centro y Pacífico.
Algo poco estudiado, es el diagnóstico que se presenta en los países expulsores que, ante fallas en sus políticas públicas, siguen siendo los principales causantes indirectos de estos éxodos migratorios.
Los organismos internacionales tampoco resuelven el problema, solo lo amortiguan ante lo complicado de atender, al ser un tema multifactorial.
México impulsa una política migratoria basada en la detención y deportación de los migrantes centroamericanos, que transitan sin documentos. El discurso oficial dista de la realidad, la política actual migratoria es de “contención”. Por esa porosa política, los transmigrantes se ven forzados a pagar onerosos servicios a polleros y sicarios del CO; sobornos en retenes, por corrupción de funcionarios del INM con la delincuencia organizada. Las autoridades, no han atinado a resolver las causas y se distraen en solo ver parte de las consecuencias de la migración.
Por ello, el TIM es un delito que ha aumentado, y no se ve como lo podrán detener, creciendo la impunidad contra migrantes.
Adicionalmente, han cambiado las redes de tráfico de migrantes y trata de personas, desde el sur hasta la frontera norte del país. Los polleros y coyotes se han hecho cómplice con bandas del CO, haciendo la movilidad migratoria más compleja y peligrosa, operando nuevos eslabones de la cadena que encarece el servicio y debilita la seguridad del migrante, que no es tratado como persona, sino, como mercancía.
Dicho lo anterior, ahora los polleros son absorbidos por grandes empresas transnacionales del TIM.
En los últimos 6 años (2018-2024), México ha experimentado un nuevo rol en la migración, a pesar que la migración mexicana es la más larga e importante para Estados Unidos, también ha asumido recientemente un rol protagónico como país de tránsito y destino para grandes grupos de migrantes, principalmente procedentes de Centroamérica, aunque no exclusivamente.
Estos flujos, si bien históricamente han sido de hombres jóvenes, en los últimos años otros grupos sociales han destacado en ellos, como son las familias y los «Niños, Niñas y Adolescentes» (NNA) sin acompañamiento.
FALLAS EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN Y ASILO A NNA:
En 2021, se decretaron en México reformas legales impulsadas por la sociedad civil, que entraron en vigor en enero y establecieron dos cambios clave:
1) La prohibición de mantener a los niños, niñas y adolescentes migrantes y a sus familias en estaciones migratorias que son cárceles de facto. La ley indica que los menores de edad y sus familias deben ser ubicados en Centros de Asistencia Social (CAS) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o en albergues de la sociedad civil, garantizando la no separación de familias.
2) El Instituto Nacional de Migración (INM) debe remitir cada caso a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas procuradurías deben analizar cada caso y tomar las medidas pertinentes, como remitir a los menores de edad a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), reunirlos con sus familiares devolverlos a su país de origen, si su vida no corre peligro, o buscar medidas de cuidado alternativas en caso de que el menor de edad decida quedarse en México, como familias de acogida o programas de preparación para vida independiente.
Sin embargo, el gobierno mexicano no ha logrado cumplir completamente con los compromisos adquiridos en las reformas legales históricas de 2021, destinadas a establecer un sistema de protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, incluida la prohibición de la detención y la separación familiar.
Con niveles récord de migración a través de México que persisten hasta 2024, México no ha logrado proteger a cabalidad a la niñez, ya que miles de niños, niñas y adolescentes siguen detenidos en estaciones migratorias o en anexos llamados «centros de canalización» sin ser procesados de acuerdo con los nuevos requisitos legales.
En muchos casos, son expulsados de vuelta a circunstancias que ponen en peligro sus vidas en los países de los que huyeron.
Se siguen presentando dificultades que enfrentan las familias para asegurar citas CBP-ONE para todos los miembros, lo que lleva a la separación familiar.
Los gobiernos de México y EEUU, están fallando en proteger a los menores de edad migrantes acompañados y no acompañados, y los solicitantes de asilo en general. En lugar de aplicar políticas centradas principalmente en la disuasión, los gobiernos de EEUU y México deben colaborar para buscar la reunificación familiar y la protección de los niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo, incluso mediante el debido acceso al sistema de asilo dondequiera que se encuentren, así como mediante la reunificación de los niños, niñas, y adolescentes migrantes no acompañados de América Central que se encuentran actualmente en México cuando la determinación del interés superior es que deben unirse con los miembros de la familia radicados en EEUU.
FALTA DE PRESUPUESTO:
La falta de presupuesto y personal suficiente en las oficinas de protección deja vulnerables a los niños, niñas y adolescentes inmigrantes.
La reforma de 2021 estableció que el gobierno mexicano debía proporcionar recursos suficientes a las oficinas de protección para aplicar la ley. Sin embargo, en 2021 y 2022 la mayoría de las oficinas estatales sufrieron recortes presupuestarios. De las pocas oficinas que recibieron aumentos, el presupuesto seguía siendo insuficiente para el número de jóvenes que llegaban.
Otros actores clave de la reforma, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mantuvieron sus presupuestos iguales, mientras que el presupuesto del INM aumentó.
En 2022, el presupuesto del INM era 22 veces mayor que él del SIPINNA, 36 veces mayor que él de la COMAR y 40 veces mayor que él de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Para dar una idea de las disparidades de personal, en 2022 el presupuesto de México sostenía a 25 mil 618 miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y del INM encargados de detener a los migrantes, y sólo a 105 miembros de la COMAR.
Debido a la escasez de recursos, las principales autoridades a menudo se encuentran con las «manos atadas», a lo que se suma la presión del INM para que prevalezca la política de detención y deportación. Algunas partes interesadas, incluidos funcionarios encargados de la protección de la infancia, expresan su temor a ir en contra de la prioridad del INM de deportar a los menores de edad. Estas circunstancias dificultan seriamente el cumplimiento de la reforma.
La única dependencia de protección que ha registrado incrementos presupuestales notables es el Sistema Nacional DIF, con un aumento de 100 por ciento, en gran medida para remodelar los albergues del DIF ante la llegada masiva de menores de edad migrantes acompañados y no acompañados. Sin embargo, activistas, ex funcionarios, servidores públicos y defensores de los derechos de los migrantes expresan la misma preocupación: que los albergues del DIF se conviertan en centros de detención de facto, donde la deportación y el abuso por parte de los funcionarios son la norma.
Estas experiencias no deseadas en los Centros DIF, no debería replicar que suceda lo que tradicionalmente trasciende con los niños, niñas y adolescentes, que son o han sido abusados en los centros de detención del INM.
FLUJOS CRECIENTES DE NNA:
Ante la falta de datos precisos, en el año 2019 se presentó evidencia de un flujo importante de migrantes menores, tomando en cuenta por un lado, los reportes de deportados NNA por la Agencia ICE de los EEUU, y por otra parte, los propios reportes del INM, que da como resultado que se superaron los 112 mil NNA ubicados en todo el año 2019, cifra récord que ha mostrado un comportamiento creciente que solo se detuvo provisionalmente, por la pandemia del 2020 y parte del 2021, pero se acrecentó a mediados del 2021 hasta fines de 2023.
Además, a comienzos del 2021 se retomaron los flujos por medio de caravanas migrantes, y en esos conglomerados se han estado evidenciando la importante participación de NNA.
PARA 2024 BAJAN ENCUENTROS IRREGULARES EN FRONTERA DE EEUU:
Entre junio y julio de 2024, los encuentros con migrantes irregulares han bajado más del 50 por ciento en la frontera suroeste de EEUU con México, debido al endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Biden.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reconoce que alcanzó un hito significativo con un promedio de menos de mil 900 encuentros diarios durante un promedio de siete días recientes.
Estos resultados se han dado desde la entrada en vigor de la Proclama Presidencial del presidente Joe Biden para suspender la entrada de no ciudadanos a través de dicha zona fronteriza y la regla final provisional conjunta (IFR) complementaria emitida por el Departamento de seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), que extremaron las penalidades de los inmigrantes nuevos y los reincidentes.
MÁS MIGRANTES SE QUEDAN EN MÉXICO:
Por lo citado anteriormente, ante el endurecimiento de las medidas migratorias del CBP de Estados Unidos, los migrantes que siguen llegando a México desde el sur de Chiapas, ahora se ven obligados a permanecer en México, consolidándose la postura de ser ahora un Tercer País Seguro y un nuevo país de Destino y Retorno.
TAMAULIPAS DISPONE DE CENTROS DE APOYO A NNA:
Los llamados «Círculos de Protección», son refugios destinados a Niñas, Niños y Adolescentes en Migración (NNAM) que transitan por Tamaulipas, los cuales están ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, municipios estratégicos por su ubicación geográfica y flujo migratorio.
Con apoyo directo del DIF Tamaulipas, estos Círculos les brindan habitación, cobijo, alimento y educación, mientras permanecen en estancia se apoyan con enseñanza educativa y les sirven de distracción el estar ocupados estudiando.
Tamaulipas cuenta con ocho Centros de Atención a Migrantes pertenecientes al Sistema DIF, ubicados en la frontera de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Madero y el Centro Inclusivo de la Familia Migrante en la capital ciudad Victoria.
En los Centros se han atendido hasta el mes de julio de 2024 a 2 mil 272 niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, de diversas nacionalidades.
A estos ocho centros se le identifican como la Red de Albergues para Migrantes en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
APOYO EN EDUCACIÓN EMERGENTE:
Con el propósito de abatir el rezago educativo entre los migrantes mexicanos que transitan por el estado, repatriados y tamaulipecos residentes en EEUU, a partir de 15 años de edad y que no hayan cursado o concluido su educación básica, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), que titula Juan José Rodríguez Alvarado y el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), bajo la dirección general de Gloria Guadalupe González, reafirman la acción de prepararlos e incrementar sus conocimientos a través de este acuerdo de colaboración. Se resalta qué esta labor de apoyo en la Educación formal del Migrante se dedica exclusivamente a los que son de origen mexicano.
