Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.-No es descubrir el hilo negro o el agua tibia al afirmar que, en muchas ocasiones, los órganos de encargados de la procuración de justicia denominados fiscalías se prestan a la politización y uso faccioso del poder.
Los ejemplos más recientes son las polémicas actuaciones de las fiscalías de los estados de Sinaloa, Chihuahua y de la Ciudad de México, cuyos titulares han ocupado generosos espacios mediáticos que hacen dudar de su honorabilidad y profesionalismo.
Veamos:
SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA, ahora ex fiscal de Sinaloa, hubo de solicitar su renuncia ante el Congreso estatal ante el escándalo suscitado por la carpeta de investigación del diputado federal electo HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA, indagatoria que fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).
La presunción de complicidad de QUIÑONEZ ESTRADA con un grupo fáctico tiene su origen en un video presentado por la fiscalía estatal que pretende demostrar que el homicidio de CUÉN OJEDA ocurrió en una gasolinera en las afueras de Culiacán, derivado del intento de robo de su unidad motriz, y no por la afirmación de ISMAEL ZAMBADA en el sentido de que éste fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar en que fue secuestrado y llevado furtivamente a los Estados Unidos.
Sin embargo, el material audiovisual captado por una cámara de seguridad no demuestra que la víctima y su chofer estuvieran dentro de la camioneta, pero, en cambio, si capta la llegada de dos individuos en una motocicleta de donde baja uno de ellos con arma de fuego en mano y tras abrir la portezuela del copiloto hace un disparo al interior para después darse a la fuga.
La FGR detectó una serie de inconsistencias en la carpeta de investigación que hacen dudar de la veracidad de la versión oficial de la fiscalía sinaloense y la actuación de su entonces titular.
Entre otras “fallas” en la indagatoria, la más relevante es que, de acuerdo al informe del servicio forense, el cadáver del también es rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentaba cuatro impactos de bala en las piernas y un golpe contundente en el cráneo y que, además, en contra del protocolo por homicidio la fiscal QUIÑONEZ ESTRADA autorizó la incineración inmediata del cadáver.
No obstante, en el video que presentó la fiscalía de Sinaloa para desmentir a El Mayo ZAMBADA se aprecia claramente como el “presunto homicida” que pretendía robar un vehículo, realiza un solo disparo con arma corta. Además, si el objetivo era robar el vehículo lo más lógico sería que el agresor enfrentara al conductor del mismo y no al acompañante.
El caso que mantiene en el “ojo del huracán” al gobierno de Sinaloa y al titular del Ejecutivo RUBÉN ROCHA MOYA y que, además, coloca en tela de duda la honorabilidad de la Cuarta Transformación podría convertirse en una evidencia sustentable de la complicidad gubernamental con intereses fácticos.
La politización y uso faccioso del poder bien podría manifestarse en las posturas encontradas de la fiscalía de Chihuahua con la de la Ciudad de México.
Como es del dominio público, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo el cargo de ABELARDO VALENZUELA pretendió ejecutar una orden de aprehensión en contra del senador electo y ex gobernador de esa entidad, JAVIER CORRAL JURADO, tras ser localizado en un restaurante capitalino.
ULISES LARA LÓPEZ, encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, impidió el arresto con el argumento de que los agentes norteños no tenían jurisdicción pues solo entregaron el oficio de comisión pero que no tenían autorización para actuar.
La política y uso fáctico del poder envuelve tanto a los gobiernos de cada entidad y, por supuesto, a los órganos encargados de la procuración de justicia. El morenista gobierno capitalino contra el panista gobierno de Chihuahua.
La realidad de las cosas es que la gobernadora MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN pretende tomar venganza en contra de CORRAL JURADO por haberla involucrado en presunto acto de complicidad con el ex gobernador CÉSAR DUARTE y su “nómina secreta” detectada en el programa Operación Justicia para Chihuahua durante el sexenio del panista ahora morenista.
Así, mientras un fiscal se presta para integrar una carpeta de investigación de hechos sucedidos hace tres años del gobierno del CORRAL y a escasas dos semanas de que se integre al Senado de la República, otro se presta para impedir la acción de la justicia (justificada o no) con el pretexto de la jurisdicción policial.
Solo faltó que el fiscal capitalino ULISES LARA LÓPEZ solicitará, además del oficio de comisión y orden de aprehensión, la carpeta de investigación en contra del presunto culpable de peculado por 98 millones de pesos.
Sea como fuere, la realidad es que la declaratoria de “prófugo de la justicia” a JAVIER CORRAL por parte de la fiscalía de Chihuahua, coloca en la “cuerda floja” su senaduría plurinominal en la LXVI Legislatura Federal.
Lo dicho: la politización y uso fáctico del poder al servicio de intereses personales y políticos.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Mientras se integra a la LXVI Legislatura en la Cámara Alta del Congreso de la Unión y adquiere el fuero constitucional, el senador electo morenista JAVIER CORRAL JURADO tramitó y obtuvo un amparo para no ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
La jueza Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional al imputado y le fijó una fianza de 120 mil pesos, mientras se resuelve en definitiva el amparo.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
