«Día D» es un término usado genéricamente por los militares aliados en la Segunda Guerra Mundial, para indicar el día en el que se efectuó un ataque clave «el desembarque en Normandía», en una operación de combate que definiría el final de dicha guerra.
Ahora México atraviesa un momento histórico, su propio Día D, un proceso clave que después de ver la evolución de un gobierno distinto, una administración de claroscuros, busca sellar el punto clave de su transformación a través de cambiar al Poder Judicial Federal como hasta hoy se le conoce y desaparecer de un plumazo a 7 organismos autónomos, claves para nuestra democracia, a saber:
«Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el 23 de agosto el dictamen que propone desaparecer siete órganos autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); los institutos Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y las comisiones Reguladora de Energía (CRE), Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Posteriormente, el 26 de agosto, con 22 votos a favor y 17 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial que, entre otros aspectos, prevé la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.
Legisladores de todos los grupos parlamentarios presentaron reservas a diversos artículos para su discusión en lo particular. La reforma considera reducir de 11 a nueve el número de ministros de la Corte y de 15 a 12 años la duración en el cargo, además de recortar sus remuneraciones para evitar que obtengan una percepción superior a la del presidente.
El proyecto a discusión establece la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para ser sustituido por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar la actuación de los jueces y, en su caso, imponerles sanciones.
Este proceso legislativo, escaló hasta la semana pasada, que se aprobó mediante fast track, por la Comisión de Puntos Constitucionales, para ser presentada el pasado domingo 1 de septiembre, en una acalorada sesión del pleno en San Lázaro, se resuelve por el dirigente de la fracción de Morena, Ricardo Monreal, trasladar la sede de la sesión a las instalaciones deportivas de la Magdalena Mixhuca, donde a horas de la madrugada fue aprobada en lo particular, con las reservas sin discutir y sin comprobarse el quorum legal de los Diputados asistentes, señalando la oposición que asistieron personas ajenas, lo qué no se corroboró.
Una vez argumentando la aprobación en lo general y particular por la Cámara de Origen, se pasó la responsabilidad a la Cámara de Senadores, que al igual de la desaseada sesión de los Diputados, este martes durante el arranque inicial de las 2 de la tarde, a las 4 con 20 minutos, aproximadamente, cuándo era presentado el cambio provisional del Senador panista, Miguel Ángel Yunes hijo, y le cede su cargo a su suplente, siendo su propio padre, Miguel Ángel Yunes Linares, lo que motivó que manifestantes de los trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de escuelas de Derecho, invadieran el recinto legislativo senatorial, procediendo a cambiar la sede al antiguo palacio de Xicoténcatl, por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Ahí, cerca de las 12 de la noche, por una votación del oficialismo de 86 votos, contra 41 de la oposición, fue aprobada la Reforma en lo general, y más tarde, por la madrugada, se aprobó en lo particular.
De esta manera, este miércoles, al cierre de las 8 de la noche, ya se avanzaba la aprobación, vía fast track, la Reforma en quince de los 17 Congresos estatales que se requiere en los siguientes pasos legislativos.
Se prevé, al ritmo que lleva el oficialismo, que más tardar este viernes se cumplan las aprobaciones, en al menos 17 entidades, por lo que esperan lograr la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto qué declare en sesión ordinaria la Cámara de Senadores, donde se hiciera el recuento final del proceso y la votación.
Todo ello, daría de ser el caso, el regalo prometido al autor intelectual de esta Reforma Judicial, que junto la desaparición de los siete organismos autónomos anteriormente decretados, se entregaría al todavía presidente de la República, el regalo de culminar exitosamente el famoso Plan C, que desde el 5 de febrero de este año se fue fraguando, para tener el control absoluto de los Tres Poderes de la Unión, y festejar en grande este hecho Inédito e Histórico, durante la gesta conmemorativa del Grito de Dolores, este 15 de septiembre y culminar con el magno Desfile Militar, este lunes 16 de septiembre.
Así, se espera concluir con el cantado Día D, de la proclamación del Plan C, que termina por controlar el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia hasta la Junta de la Judicatura, siendo el principio del fin, de Poder observar la manera como los mexicanos viviremos una nueva etapa incierta de la Democracia y la Libertad qué hasta ahora se acostumbraba por los ciudadanos…
¡Consumatum Est!
¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA ECONOMÍA MÉXICANA?
Al margen del tecnicismo legal y jurídico que se ha debatido en los últimos meses, el impacto que estas medidas de desaparecer 7 organismos autónomos y cambiar la estructura del Poder Judicial, podrían derivar en las siguientes consecuencias de corto y mediano plazo:
El costo económico de estos cambios Constitucionales, empezaría por la inversión y terminaría en el menor desarrollo y bienestar de la población, por menores oportunidades de empleo e ingresos.
Según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la disminución de un punto porcentual en la inversión privada podría incidir negativamente en 0.3 décimas de punto porcentual en el ritmo de crecimiento del PIB.
El CEESP estimó que el menor avance del PIB en un punto porcentual implicaría dejar de crear 200 mil nuevos puestos de trabajo y la repercusión alcanzaría a las arcas públicas, ya que los ingresos tributarios se reducirían en aproximadamente 53 mil millones de pesos.
Los mercados financieros también reaccionarían a la percepción de mayor riesgo para el país con el consecuente aumento del costo financiero; un aumento de 100 puntos base en la tasa de interés significaría un aumento del costo financiero del sector público en aproximadamente 30 mil millones de pesos.
Además, la medida podría entrar en conflicto con compromisos internacionales como el T-MEC. Podría implicar un incumplimiento al Tratado de Libre Comercio, porque se necesita garantizar la existencia de autoridades imparciales de competencia y de telecomunicaciones de entrada.
Al momento que no existan los contrapesos de autonomía de los órganos que son reguladores, como es el caso de la Cofece, implicaría una afectación a la competencia, a los precios y a la variedad y calidad de los bienes.
Por su parte, la Coparmex externó su “profunda preocupación” por el paso que se dio en el proceso de desaparición de los órganos autónomos, lo que debilitaría la democracia, la competencia económica y la protección de los derechos ciudadanos, por lo que reiteró su llamado a los legisladores para que reflexionen sobre las “graves” consecuencias que traería su extinción.
Al final de todo, como cita Enrique Quintana ayer miércoles en El Financiero «La realidad es que entre la comunidad inversionista, tanto los que compran activos Financiero del país como entre los que hacen inversión física directa, persisten serias dudas», ante los cambios bruscos constitucionales.
Continúa Quintana expresando que «El diario The Wall Street Journal, citando a representantes y asesores de empresas, calcula en 35 mil millones de dólares el monto de recursos que se están reteniendo a la espera de que haya claridad respecto a las implicaciones de la reforma».
Concluye que «Desde luego todo es especulativo. Pero, lo que es un hecho es que el índice de inversión fija bruta creció solamente 1.6 por ciento en el lapso enero-junio de este año (medida con series desestacionalizadas) y en el mismo periodo del año pasado lo había hecho a un ritmo de 14.8 por ciento». Por ello, el impacto de las reformas, no sólo está dado en la depreciación del peso frente al dólar, que del 31 de mayo a la fecha, el dólar se ha encarecido en un margen del 18 por ciento…
