México.- El Servicio de Administración Tributaria ofreció a los mexicanos involucrados en paraísos fiscales un programa de retorno de inversiones para evitar ser investigados.
Aristóteles Núñez, titular del SAT, indicó en conferencia de prensa que tener dinero fuera del país no es ilegal pero si este genera utilidad, rendimiento o intereses y estos no se declaran, sí es causa de penalización.
“Tenemos que revisar de los nombres que son públicos, quienes de ellos sí pudieron presentar en su declaración anual sus rendimientos, si se acogió el pago mínimo o si puede entrar en el programa de retorno de inversiones que está vigente hasta junio”, indicó.
Entre los mexicanos involucrados en el PanamaPapers, documentos de la firma Mossack Fonseca divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), destacan el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario Ricardo Salinas Pliego, el director del diario La Razón Ramiro García Cantú y el vicepresidente de Televisa Alfonso Angoitia Noriega.
“Quien de ellos no lo haya hecho, siendo que aparece en una lista como esta, es muy claro: la autoridad inicia auditorías y de ellas determina créditos, y con ello es que se tienen que pagar impuestos”, subrayó Núñez.
Tras la revelaciones, el jefe del SAT anunció que cotejarían la información publicada por medios con los registros con los que ellos cuenta. Dichas investigaciones “tardarán el tiempo que sea necesario” y “podrían durar hasta 2 años”.
¿Qué es el programa de retorno de inversiones?
El retorno de inversiones es un esquema para que los contribuyentes regresen los recursos que mantienen en el extranjero no reportados en México, incluidos los de regímenes fiscales preferentes.
Este programa está vigente desde el 1 de enero de 2016 y en él la identidad del contribuyente no es anónima. El programa estará vigente hasta junio.
Entre los beneficios que se obtienen en este programa destaca que se dan por cumplidas las obligaciones fiscales y no se generan multas ni recargos adicionales a las sanciones.
Si los titulares de las cuentas no han cubierto sus impuestos tendrán que pagar una tasa de 30 y hasta 35 por ciento -dependiendo del año que se trate-, una actualización, un recargo sobre esa cantidad no pagada y una multa de casi 100 por ciento de la cantidad no pagada.
En caso de que se acredite la comisión de un delito fiscal podría ser causal de prisión desde tres meses hasta nueve años. (SDPnoticias.com)
