Por Mario Díaz
SI el Senado de la República no determina lo contrario, el Congreso de la Unión aprobará la iniciativa de origen en la Cámara Baja que despejará la ambigüedad o doble interpretación del Artículo 111 Constitucional que ha provocado una controversia que aún analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con 266 votos a favor y 205 en contra, los diputados aprobaron en lo general y en lo particular la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. La iniciativa fue turnada a la Cámara Alta, luego de varias horas de debate en el palacio legislativo de San Lázaro.
De aprobarse, en lo sucesivo el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Asimismo, la nueva legislación obligará a los congresos locales a proceder “en estricta observancia” a las resoluciones de la Cámara de Diputados en los casos de desafuero de funcionarios estatales para evitar el freno a esos resolutivos. Un caso concreto es el relacionado al desafuero por Juicio de Procedencia del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, pero “blindado” por el congreso de Tamaulipas al no homologar el resolutivo de la LXIV Legislatura Federal.
Es así como los diputados de la flamante LXV Legislatura entraron con la “espada desenvainada” para sacar adelante el desafuero presidencial por encargo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y, al mismo tiempo, establecer en definitiva y sin lugar a dudas la supremacía legislativa, empañada por el congreso tamaulipeco.
Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en lo que se refiere a los resolutivos de desafuero en la Cámara de Diputados, los congresos locales ya no actuarán “como corresponda” como lo establece actualmente el artículo 111 Constitucional. En lo sucesivo los diputados locales habrán de proceder en “estricta observancia” a las resoluciones de la Cámara Baja del Congreso de la Unión con respecto a las declaraciones de procedencia. Es decir, les guste o no, tendrán que homologar el resolutivo de la Cámara de Diputados.
Ante la ambigüedad o doble interpretación de la normatividad actual en la materia, la legislatura tamaulipeca prácticamente hizo trizas la supremacía legislativa y, a la vez, colocó en el ridículo a los diputados federales y a los asesores jurídicos en San Lázaro.
Derivado de la larga jornada de trabajo en el inicio de sesiones de la LXV Legislatura Federal y el relevo legislativo en el Congreso de Tamaulipas a partir del primero de octubre con mayoría morenista, la situación jurídica y legal del mandatario tamaulipeco podría complicarse. Si la reforma constitucional no opera con sentido retroactivo, serán los diputados morenistas y sus aliados quienes cabildeen para lograr la mayoría calificada y cambiar el blindaje constitucional actual que mantiene con inmunidad procesal a GARCÍA CABEZA DE VACA, acusado de tres delitos graves por la Fiscalía General de la República.
Como suele suceder en los debates legislativos, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia dividió a los representantes populares y a la opinión pública. La aprobación por mayoría calificada para declarar procedente la acción penal contra el Jefe de la Nación no fue bien vista por el bloque opositor, etiquetando la decisión como un “trato especial” al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
Del mismo modo, los legisladores inconformes dejaron entrever que la nueva regla en la declaración de procedencia “podría transformarse en un causal de persecución política y ataque a las instituciones democráticas”.
Desde otra perspectiva, todo parece indicar que, ahora sí, habrán de quedar bien definidos los términos y alcances legales de los estados libres y soberanos y el pacto federal que da paso a la república.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Un par de ridículos matizaron la actividad oficial federal y estatal, durante la semana pasada.
El primero, lo mal que se vio el vocero presidencial JESÚS RAMÍREZ al negar la renuncia del asesor jurídico JULIO SCHERER, descalificando “los rumores en los medios”.
El segundo, “los sapos y culebras” que tuvieron que comer los elementos de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Finanzas, luego de un operativo de decomiso de autos “chocolates” en H. Matamoros, Tamaulipas.
La unión hizo la fuerza y los loteros afectados se apersonaron en el “corralón” estatal y a pesar de la presencia de los uniformados sacaron las unidades motrices que les había decomisado minutos antes.
Como diría el cantautor Juan Gabriel: ¿Pero qué necesidad?
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
