Agencias.- Un juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de aprehensión contra científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, luego de que la Fiscalía impulsó una acción penal contra 31 personas por supuestos malos manejos, derivada de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo.
“La FGR puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, según la resolución del juez.
Con base en información de El Universal, la Fiscalía, cuyo titular es Alejandro Gertz, busca imputarles a esas personas los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del Foro Consultivo supuestamente recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto.
Así, el juez federal en su sentencia estimó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Conacyt, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”.
Además, el juzgador federal señaló, según su resolución, que “las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -que ya no contempla la existencia de la citada asociación civil-, y que su realización es previa a la reforma efectuada a la Ley de Ciencia y Tecnología”.
Así, al encontrar, en su momento, “asidero legal la aportación de recursos económicos por parte del Consejo al Foro (Consultivo), en su reconocido carácter de asociación civil, entonces los hechos no podían analizarse a la luz del derecho penal”, describe.
En las demás acusaciones penales-uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada- el Poder Judicial Federal tampoco avaló los señalamientos de la FGR. Por las razones expuestas, se negaron las órdenes de aprehensión solicitadas, en todos sus términos.
