Con el propósito de combatir diversos delitos así como ubicar y detener a los responsables de secuestro, extorsión, fraude, y otros ilícitos juez han aprobado 113 solicitudes de intervención de las comunicaciones privadas durante los últimos cinco años.
Según un informe del Supremo Tribunal de Justicia del Estado la Fiscalía General de Justicia del Estado y la secretaría de Seguridad Pública del Estado han solicitado la autorización de un juez para efectuar 27 intervenciones de llamadas telefónicas y 86 más, al registro de comunicaciones y localización geográfica.
Las 113 solicitudes tramitadas y aprobadas han sido entre el 1 de octubre de 2016 y 31 de diciembre de 2021.
Las solicitudes presentadas han sido para investigar diversos delitos como secuestro, extorsión, fraude, chantaje, feminicidio y otros a la vez que localizar a los presuntos responsables.
Pero es el secuestro y extorsión que motivan principalmente la intervención de las comunicaciones privadas.
El número de días por los que se solicitó la intervención varía desde uno hasta 71 días en un caso de secuestro.
El reporte identifica a 7 empresas sujetas a la intervención telefónica a petición de la PGJT y la SPP:
-RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE -MOVISTAR
-CONCESIONARIA PEGASO PCS S.A DE C.V ( MOVISTAR).
-TELECOMUNICACIONES MEXICANAS S.A. DE C.V.
-AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.
-BESTPHONE S.A. DE C.V.
-Compañía Telefónica Telcel.
-TELEFONOS DE MEXICOS.A DE C.V. (TELMEX)
En la larga lista de solicitudes, existen algunas que fueron rechazadas de acuerdo al artículo 190 de la Ley de Federal de Telecomunicaciones, numeral 20 Constitucional apartado A fracción I, 212, 213, 214, 215, 252 fracción III, 291 y 303 señala el reporte.
¿Qué buscan conocer?
El objetivo de la intervención de comunicación en algunos casos es obtener detalle de llamadas y la localización geográfica, así como nombre, datos de identificación y domicilio con los que cuenten con respecto del titular de la línea sujeta a intervención.
La información que se busca, dice el reporte, es estrictamente relacionada con la comisión del delito, teniendo como finalidad llegar a la verdad histórica de los hechos, así como la obtención de registros y entrega de datos conservados.
En el reporte obtenido, no hay especificaciones de la compañía o software utilizados para el espionaje telefónico.
