Por Mario Díaz
LA inconformidad de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con México, asociada con el Tratado-México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en materia energética ha puesto en funcionamiento el mecanismo de revisión establecido en el tratado, por lo que pudiera demorar hasta en un año el encontrar la solución al conflicto tripartita.
El meollo del asunto tiene que ver con la política energética implementada por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a partir de 2018, y los acuerdos comerciales de inversionistas estadounidenses, canadienses y mexicanos antes del gobierno de la Cuarta Transformación.
Es decir, mientras en el sexenio lopezobradorista se pretende reforzar a las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresarios extranjeros y mexicanos pretenden seguir gozando de las ventajas de la reforma energética promovida y promulgada por el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.
Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal ha sido reiterativo al señalar que “nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes”.
Asimismo, LÓPEZ OBRADOR considera que la solicitud de consultas o inicio de controversias comerciales es un mecanismo que está establecido en el T-MEC cuando un país considera que no se está cumpliendo con alguna de las cláusulas del Tratado.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, KEN SALAZAR, propone que la disputa en materia energética del T-MEC debe abordarse con determinación y seriedad para lograr una solución expedita.
SALAZAR recalcó que “líderes empresariales, laborales y políticos en Estados Unidos, México y Canadá visualizaron los beneficios del T-MEC para mejorar el comercio, salvaguardar derechos de los trabajadores y proteger el ambiente”. En un intento de justificar la controversia el diplomático yanqui asegura que el tratado comercial se aprobó con sólido apoyo bipartidista, así como de la iniciativa privada norteamericana.
En consecuencia, la inconformidad surgida en el seno del acuerdo comercial trinacional coloca en primer plano la siguiente lectura: la iniciativa privada pretende el ventajoso continuismo en materia energética implementado por el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, mientras que la 4T se resiste a la competencia, convergencia y transición de los tres países hacia energías limpias, desde la óptica de Estados Unidos y Canadá.
La triste realidad es que la reforma energética en el régimen peñista prácticamente abrió las puertas a la iniciativa privada extranjera y nacional, en detrimento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. A partir de 2018, el gobierno de la Cuarta Transformación dio un golpe de timón en materia energética y decidió fortalecer a Pemex y la CFE en un programa federal orientado a la autosuficiencia nacional del importante insumo que representa la energía.
Sin embargo, justo es reconocer que el gobierno mexicano aceptó algunas cláusulas del T-MEC que establecen el acceso al mercado nacional energético a empresas de Estados Unidos y Canadá. Del mismo modo, quiérase o no, lo cierto es que la expresión del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que hizo recordar al cantante tabasqueño Chico Che, no fue la más adecuada para responder a la inconformidad norteamericana y canadiense.
Pero ¿qué es lo que sigue respecto a la controversia?
De acuerdo al mecanismo la fase de consultas que contempla el T-MEC, México, como parte demandada, tiene hasta 30 días después de la presentación de las solicitudes (20 de julio) por parte de Estados Unidos y Canadá para iniciar el diálogo con las contrapartes. Si las partes en pugna así lo acuerdan el período puede alargarse hasta 75 días o más para lograr el acuerdo mediante el diálogo.
De no lograrse la solución del conflicto en esa fase, el mecanismo indica que debe conformarse un panel arbitral que juzgue y se pronuncie sobre la disputa. El panel-de tres o cinco integrantes- se designará de común acuerdo entre las partes en conflicto.
El informe preliminar panelista deberá emitirse 150 días después de la integración, aunque el plazo puede extenderse por 30 días más u otro período acordado, por lo que el conflicto puede extenderse hasta ocho y nueve meses. Las partes inconformes tienen un plazo de 15 días para presentar las observaciones que consideren pertinentes.
El informe final se emitirá 30 días después del preliminar, salvo plazo distinto acordado entre ambas partes, y se hará público a mas tardar 15 días después.
En el conflicto comercial surgido en el T-MEC, con fallo en contra, México contará con 45 días de gracia para llegar a un acuerdo con las contrapartes, quienes, en caso de ser necesario, podrían suspender concesiones en automático. En esa eventualidad, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá llegaría a su fin.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Por supuesto que es deseable que el conflicto derivado del T-MEC se resuelva en la fase de consultas o con la intervención del panel arbitral a fin de mantener la continuidad del Tratado y evitar eventual incremento arancelario a los productos mexicanos a manera de represalia.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
