Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.-Sin el menor ánimo ideológico o partidista y desde una perspectiva que pretende ser lo más objetiva posible, efectivamente, le asiste la razón al dirigente nacional del Partido Acción Nacional, MARKO CORTÉS MENDOZA, al calificar la política en materia de seguridad pública del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
Y es que, aunque parezca una crítica asociada con competencia de liderazgos políticos, le asiste la razón a CORTÉS MENDOZA al argumentar que LÓPEZ OBRADOR debería reconocer el rotundo fracaso en ese rubro que el gobierno de la Cuarta Transformación sustenta en el conocido slogan gubernamental “abrazos, no balazos”.
Las estadísticas oficiales sobre el tema son más que contundentes lo que, a su vez, elimina cualquier enfoque ideológico orientado a dar paso a una crítica destructiva por motivos partidistas o de competencia gubernamental.
Los casi 150 mil homicidios dolosos en lo que va del gobierno de la 4T como consecuencia de la violencia criminal es un indicativo claro de que la política en materia de seguridad pública no ha arrojado los resultados necesarios que garanticen la tranquilidad de los mexicanos.
Resulta relevante el dato que indica que durante el régimen lopezobradorista se han registrado un promedio de 2 mil 351 homicidios dolosos que, comparativamente, representan mil más que durante el calderonato.
Por lo tanto, con la frialdad con que hablan los números, le asiste la razón al presidente del CEN del PAN al argumentar y sustentar su opinión respecto al fracaso de la política de la Cuarta Transformación en lo que se refiere a la obligación gubernamental de garantizar la seguridad a los mexicanos.
Los cánceres que representan la corrupción e impunidad que permiten a los distintos grupos delictivos operar y desplazarse sin problemas no han sido extirpados por el gobierno federal morenista.
La quema de palapas en Playa del Carmen, Quintana Roo; el incendio de discotecas en Michoacán; el secuestro y asesinato de estadounidenses en H. Matamoros, Tamaulipas; y la masacre ocurrida la noche del sábado en un centro nocturno en la comunidad La Labor, de Apaseo el Grande, Guanajuato, son ejemplos claros y recientes de la triste realidad que se vive en distintas coordenadas de la geografía mexicana.
Como es evidente, estadísticas oficiales y hechos respaldados con carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales sustentan la crítica del líder nacional panista que, desde una óptica objetiva, hacen a un lado eventuales intereses ideológicos, de partido o de competencia gubernamental.
No obstante, para el huésped de Palacio Nacional el gobierno de la 4T está combatiendo las causas que generan la violencia, mediante apoyos económicos para los jóvenes en un afán de evitar que engrosen las filas del crimen organizado.
La triste realidad es que los distintos cárteles de la droga que operan a lo largo y ancho de la república mexicana no han resentido daño alguno en sus estructuras organizacionales y financieras, según se desprende de la impunidad con que operan sin temor alguno a la presencia de las fuerzas armadas e, incluso, enfrentándolas.
Por otra parte, en opinión de MARKO CORTÉS MENDOZA, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, además de reconocer su rotundo fracaso de su política de seguridad, debería retomar con seriedad la necesaria colaboración de las agencias norteamericanas.
Argumenta también que “por su propio bien, por lo menos debería escuchar lo que dicen el fiscal general de los Estados Unidos, MERRICK GARLAND, y la directora de la DEA, ANNE MIGRAM”.
GARLAND asegura que “México podría hacer mucho más para combatir el tráfico de fentanilo en específico”, mientras que, en opinión de MIGRAM, México está brindando una cooperación insuficiente en el intercambio de información sobre fentanilo y precursores químicos.
Es de sobra conocido que el jefe del Ejecutivo federal invoca la soberanía nacional cuando es abordado sobre ese tema, sobre todo en lo que se refiere a eventual operación del ejército yanqui en territorio nacional.
Sin embargo, la inteligencia extranjera operada desde embajadas o consulados siempre se ha manifestado en distintas indagatorias conjuntas con las autoridades mexicanas.
Tan simple analizar como en menos de 72 horas se localizaron a los cuatro norteamericanos-dos vivos y dos muertos-durante los trágicos hechos ocurridos el viernes 3 del mes en curso en esta ciudad fronteriza.
Tampoco es un secreto que, en la localización y arresto de OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ en una municipalidad de Sinaloa, fue clave la información de los servicios de inteligencia de las agencias de la Unión Americana encargadas de combatir los delitos.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Mi agradecimiento sincero para el Director Editorial del periódico Hora Cero, HÉCTOR HUGO JIMÉNEZ, por su amable invitación para asistir hoy al festejo del 25 aniversario de ese medio de comunicación con presencia en al noreste del país.
Compromisos contraídos con anterioridad son la causa de la inasistencia, la imposibilidad del saludo personal al compañero y amigo, y la convivencia con la reconocida periodista VALENTINA ALAZRAKI, invitada especial al evento.
¡Felicidades a quienes hacen posible la edición de Hora Cero!
II.-Interesante, sin duda, la publicación en su sección local del Lunes 13 de marzo de 2023 del periódico El Sol de Puebla, con relación al tema del momento asociado al Plan B de la reforma electoral del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
Jared Carcaño | El Sol de Puebla
Bajo el argumento de que presuntamente violenta la autonomía y la soberanía, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó podrían derogarse algunos artículos de la Ley General de Comunicación Social para no afectar a los estados y municipios.
El coordinador de la bancada de izquierda consideró que a nivel federal es viable la aplicación de la medida porque ya se estableció en el presupuesto que el gobierno de López Obrador contará este año con unos 8 mil millones de pesos en gasto publicitario.
Sin embargo, para las entidades opinó que es excesivo, por ello, adelantó que parte del trabajo que se realizará la semana en curso en la Cámara Baja es analizar dicho tema.
El propósito, expuso Ignacio Mier, es buscar que los municipios y los estados establezcan los recursos que deberán destinar para el gasto en comunicación social, aunque no especificó en qué términos o porcentaje.
El artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que fue aprobada el año pasado consiste en una serie de disposiciones para limitar el gasto publicitario de los tres órdenes de gobierno y establece un tope del 0.1% del presupuesto de cada entidad gubernamental.
Uno de los inconformes en Puebla con la ley fue el alcalde Eduardo Rivera Pérez por lo que la Sindicatura de su administración presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar que declare inconstitucional la ley federal.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
