Un Tribunal federal ordenó en definitiva al Gobierno garantizar el abasto de medicamentos para niños con cáncer en lo que resta de 2023 y todo 2024.
El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado Administrativo confirmó, en sentencia inapelable notificada el 24 de noviembre, al amparo otorgado en 2022 a la a la Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica (AMOHP), que presentó esta demanda en mayo de 2020.
El amparo fue presentado luego de que miembros de la AMOHP detectaron escasez de 37 medicamentos oncológicos pediátricos en 54 hospitales públicos.
Al confirmar la sentencia dictada por el juez Oswaldo Rivera, el Tribunal fijó los siguientes lineamientos de ejecución:
La AMOHP deberá precisar quiénes eran sus agremiados al momento de la presentación de la demanda y en qué instituciones de salud pública laboraban, en el entendido que deberá tratarse de instituciones públicas que brinden tratamientos oncológicos contra el cáncer infantil.
La Secretaría de Salud (Ssa) deberá señalar el estado que tenía a la presentación de la demanda y el actual, del suministro de medicamentos para tratamientos oncológicos contra el cáncer infantil en los hospitales en cuestión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también quedó vinculada al cumplimiento del amparo, ya que era la responsable de las compras consolidadas de medicamentos en 2020, tarea que luego paso a la UNOPS de Naciones Unidas, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y ahora está en manos de la propia Ssa.
El desacato a una sentencia de amparo puede llevar a la eventual destitución y consignación penal de los funcionarios responsables, que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ordenar.
En agosto de 2022, cuando ganó el amparo en primera instancia, la asociación civil Justicia Justa estimó que nueve mil niños, niñas y adolescentes no estaban recibiendo el tratamiento completo, y ahora, la ejecución de la sentencia definitiva permitirá aclarar ante los tribunales el estatus de atención al cáncer infantil en hospitales públicos.
En julio de 2021, el juzgado denunció penalmente por desacato a esta suspensión al secretario de Salud, Jorge Alcocer, el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la Oficial Mayor de la SHCP, Thalía Lagunas. (Agencias)
