Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.-La polémica, el debate y la polarización de criterios en torno a la reforma constitucional del Poder Judicial han dado paso a datos no exactos ni objetivos que confunden a la sociedad.
Los actuales Poderes Ejecutivo y Legislativo afirman a los cuatro vientos que “el pueblo” votó en favor de la reforma al Poder Judicial y la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La realidad es que la elección del pasado 2 de junio los votantes renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de algunas gubernaturas, congresos locales y alcaldías.
En consecuencia, afirmar que “el pueblo votó por la reforma al Poder Judicial” es simple y sencillamente una interpretación de quienes tienen la tarea de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Cuestión de analizar que, sin mayoría calificada en el Senado de la República porque así lo decidieron los electores, la 4T, “a pesar de no ser de los mismos”, hubo de echar mano a triquiñuelas legaloides para aumentar de 83 a 86 los legisladores necesarios para poder realizar cambios a la Constitución.
Obviamente, para efectos mediáticos, resulta muy ventajoso afirmar que el “pueblo de México” votó por la continuidad del Movimiento de Regeneración Nacional y por la reforma constitucional al Poder Judicial.
Sin embargo, lo correcto, justo y objetivo es precisar que 36 millones de mexicanos de un padrón de 100 millones inscritos, se pronunciaron en favor de los candidatos oficialistas. Si tomamos en cuenta que la población mexicana es de 130 millones de habitantes y el padrón electoral es de 100 millones (en números cerrados) resulta inexacto comparar a 36 millones de electores en favor de la 4T con la percepción que se pretende al afirmar que “el pueblo de México votó por la continuidad”, aunque, eso sí, la votación captada por Morena y sus aliados representa el 60% de los sufragios que se emitieron durante la pasada jornada comicial y que les dieron el triunfo inobjetable en la competencia eleccionaria.
En cifras exactas y oficiales va la siguiente información: Padrón Electoral, 99,809,508 electores; Participación Ciudadana el 2 de junio de 2023, 61.04%; Total de Votos, 60,115,184; Votos Obtenidos por Morena-PT-PVEM, 35,924,519 (59.7%); Votos Obtenidos por PAN-PRI-PRD, 16,502,697 (27.45%); Votos Obtenidos por Movimiento Ciudadano, 6,204,710 (10.32%). Es decir, votaron 60 millones 115 mil 184 electores y NO votaron 39 millones 694 mil 324 ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Por lo tanto, es más objetivo y real afirmar que un “porcentaje mayoritario de los electores votaron en favor de la 4T”, pero no recalcar que el “pueblo de México” se pronunció por la continuidad y menos que votó por la reforma al Poder Judicial, como falsamente pregonan los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Asimismo, no es un argumento apegado a la realidad de los Poderes antes Ejecutivo y Legislativo invocar el artículo 39 constitucional que señala que todo mandato del pueblo será instituido. Cierto es que tal es el espíritu de la Constitución, pero sin pasar por alto ni permitir que la voluntad ciudadana afecte los derechos humanos y los convenios internacionales.
Cuestión de imaginar lo que sucedería si “el pueblo sabio” decide implementar la pena de muerte, cadena perpetua para mujeres practicantes del aborto, la Ley de Talión o regresar al sacrificio de doncellas, tal y como lo hacían los aztecas, lo cual, por supuesto, no lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, lo que sí contempla el artículo 49 constitucional es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la obligación de velar por la separación y autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El resolutivo mayoritario del pleno de la SCJN de la semana pasada, única y exclusivamente permite la revisión del proceso sin desconocer que se trata de una reforma promulgada y publicada ante la presunción de vicios de origen e irregularidades.
Movimiento Ciudadano obtuvo un amparo que impedirá la destitución de los jueces locales como lo prevé la reforma al Poder Judicial ante la omisión de desechar el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y la omisión de verificar el quórum de la sesión del pleno de la Cámara de Diputados.
La demanda de amparo precisa que el dictamen aprobado por comisiones de la LXV Legislatura Federal, que terminó funciones el 31 de agosto, no fue sometido a dictamen de publicidad y la actual Legislatura votó el dictamen en el pleno sin que se hiciera la declaratoria de publicidad correspondiente.
Lógicamente, estará por verse si los poderes Ejecutivo y Legislativo en las entidades federativas morenistas acatan o no el amparo otorgado por la justicia federal.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Una vez agotados los recursos legales en el ámbito nacional, el tema de la reforma al Poder Judicial será analizado y calificado en las instancias internacionales.
Por lo pronto, el próximo mes en Washington D.C., se reunirán 29 organismos nacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como paso previo a la Corte Interamericana.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
