– Gastó $30 millones en escolta policial para Tomás y Eugenio
– Exgobernador protegía a prófugos de la justicia
– Congreso del Estado llama la atención a Maki Ortiz
VAYA revuelo que causó la decisión de la Procuraduría de Justicia en el Estado al ordenar el retiro de escoltas de policías ministeriales a los exgobernadores TOMAS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNANDEZ FLORES. Primero, porque los vientos del cambio comienzan a dejarse sentir en lo que fue el primer círculo del poder en ambos sexenios tricolores y, segundo, porque prácticamente se exhibe la impunidad con la asignación de escolta oficial a un prófugo de la justicia mexicana.
Aunque ambos exmandatarios estatales tamaulipecos enfrentan procesos judiciales en los Estados Unidos de Norteamérica, solo YARRINGTON RUVALCABA es requerido por un juez mexicano. En consecuencia, es evidente que EGIDIO TORRE CANTU protegió y se convirtió en cómplice de quien es requerido por la justicia azteca por distintos delitos del fuero federal.
De acuerdo al procurador de justicia estatal, IRVING BARRIOS MOJICA, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA era custodiado por 8 agentes policiales, mientras que otros cuatro elementos brindaban protección a EUGENIO HERNANDEZ FLORES. Los doce agentes ministeriales estaban autorizados para portar arma larga y corta y sus servicios costaban al erario estatal 400 mil 350 pesos mensuales por concepto de salarios y viáticos.
Desde otra perspectiva, quiere decir que el gobierno que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA cortó de tajo el gasto que por casi 30 millones de pesos costó a los tamaulipecos la protección a ambos gobernadores en el pasado sexenio, a pesar de que se enriquecieron descaradamente durante sus respectivos mandatos constitucionales.
Pero eso no es todo.
El Procurador tamaulipeco dio parte a la Procuraduría General de la República para que lleve a cabo las indagatorias que se consideren pertinentes, toda vez que es evidente la complicidad que existió para proteger y resguardar a un prófugo de la justicia mexicana.
Como es del dominio público, tanto YARRINGTON como HERNANDEZ son acusados por la autoridad yanqui de delincuencia organizada, lavado de dinero, narcotráfico y fraude bancario.
En el territorio mexicano el primero tiene orden de aprehensión por delitos similares. En cambio, el segundo, a pesar del robo descarado del erario estatal, no enfrenta cargo alguno con la justicia federal.
Es de suponerse que en caso de requerir protección oficial, el exgobernador EGIDIO TORRE CANTU habrá de contratar ese servicio a una empresa privada.
DESDE EL BALCON:
Quien de plano inició con el pie izquierdo su nueva responsabilidad en la función pública es la alcaldesa de ciudad Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ.
La jefa de Comuna de extracción panista ha entrado en conflicto con el Congreso Local en donde su partido político tiene mayoría.
El caso es que recibió un oficio signado por el Presidente de la Mesa Directiva, diputado JOSE CIRO HERNANDEZ ARTEAGA, en donde se le informa que se tomó un Punto de Acuerdo en la LXIII Legislatura en donde se le exhorta “a que los acuerdos y resoluciones del cabildo se ajusten el marco constitucional y legal del municipio”.
Asimismo, se le comunica que debe entregar un informe detallado a la Comisión de Gobernación del Congreso Local.
Todo hace indicar que la alcaldesa reynosense se niega a reconocer el liderazgo político del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y basa su fuerza política en el madrinazgo de MARGARITA ZAVALA, aspirante a la candidatura albiazul a la presidencia de la república.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
