– Inconforma la suspensión de programas sociales
– Aspirantes sí evaden la normatividad eleccionaria
– Urge fórmula que no afecte a las clases marginadas
A MEDIDA que avanzan las fechas del actual proceso electoral que culminará el próximo 5 de junio, siempre y cuando no haya impugnaciones, es ya común escuchar el término “veda electoral”.
En efecto, tanto gobernantes en turno como la autoridad que rige las competencias eleccionarias contemplan ese compás de espera que restringe y afecta de manera directa distintos programas de beneficio social.
Durante el período de las campañas proselitistas constitucionales en los tres niveles de gobierno se suspende la operatividad y difusión de la política social de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Tal disposición, aseguran los gobernantes, es para dar fiel cumplimiento a lo que marca el Instituto Nacional Electoral en las entidades que habrán de renovar los poderes constitucionales locales.
Si bien es cierto que las leyes y ordenamientos son para cumplirse, cada vez son más las voces discordantes que no comulgan con la autoridad electoral en lo que se refiere a la suspensión de los programas sociales.
Legisladores federales y locales deberían encontrar la fórmula que permita el cumplimento de la ley electoral, pero que al mismo tiempo no retrase la entrega de apoyos a las clases marginadas. Las despensas y efectivo a mayores de 65 años no deberían estar sujetas a ninguna competencia eleccionaria.
Vale la pena analizar cómo los aspirantes a un cargo de elección popular hacen campaña en busca del apoyo de los ciudadanos con credencial de elector sin que la autoridad en la materia haya dado aún luz verde para ese menester.
El ejemplo claro lo estamos viviendo en Tamaulipas, en donde se espera una de las más competitivas batallas electorales entre el PRI y el PAN. Aspirantes a la candidatura de sus respectivos partidos se placean a lo largo y ancho en la esquina noreste del país aprovechando cualquier pretexto relacionado con su actividad en la función pública, o bien argumentando festejos de orden personal.
Luego entonces, la pregunta lógica es ¿si los políticos encuentran la salida legal para promocionarse eludiendo la ordenanza del INE, por qué razón los diputados federales y locales no encuentran lagunas jurídico-electorales que permitan el curso normal de los programas sociales?
Sobra decir que la intención es que el gobernante en turno no apoye al candidato de su partido mediante la entrega de despensas o apoyos económicos, por ejemplo. Lo cual, por supuesto, tiene lógica y sentido de equidad. Sin embargo, ¿qué culpa tienen las clases marginadas? Además, la veda electoral aplicada en los términos actuales, no solo afecta la economía familiar de quienes menos tienen, también provoca inconformidad en cada cotejo electoral.
Ni hablar.
DESDE EL BALCON:
El panorama político en el rincón noreste de la entidad continúa aún bastante enrarecido, aunque, eso sí, en algunas semanas más la claridad volverá a su normalidad.
Por el partido albiazul se perfila como abanderado el pastor VICTOR MANUEL MARTINEZ QUINTANILLA. No obstante, el diputado federal en la pasada Legislatura, CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, también persigue el mismo cargo partidista.
Como ya es del dominio público, será la cúpula panista -encuesta de por medio- la que designe a su candidato o candidata al relevo de la alcaldesa LETY SALAZAR.
Y hasta la próxima.
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