La mayoría conformada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza
desechó todas las reservas presentadas por diputados de oposición
Agencias
México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social.
Con 196 votos a favor y 146 en contra, el proyecto fue turnado al Senado para su discusión.
De acuerdo con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que obliga al Congreso a reglamentar el párrafo octavo del Artículo 134 constitucional, el Senado tiene hasta el 30 de abril próximo para aprobar la ley.
La mayoría conformada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza desechó todas las reservas presentadas por diputados de oposición y sólo aceptó las que presentó el priista Ricardo David García Portilla.
El legislador tricolor propuso modificaciones a cinco artículos y una disposición normativa, en las que, además de realizar cambios a algunas definiciones y conceptos, se flexibilizó el que las entidades puedan contratar espacios de manera conjunta, sumando sus presupuestos para una campaña específica y en casos en los que exista una contingencia que amerite alertar a la población de un riesgo.
«Suponte que ya estás en el límite o ya no alcanza tu presupuesto para cubrir una campaña por una situación de emergencia de determinada magnitud y, entonces, que mal sería que la ley te acote esa parte y no puedan cumplir con la sociedad», justificó.
«Es considerado una situación de emergencia, es para que tengas un botón rojo ahí, en caso de que, ojalá y no, lo necesites para una campaña, como lo decía, en caso de desastre o de salud, o de educación que así lo requiere».
En caso de que en el Senado se le hicieran modificaciones, la minuta tendría que regresar a la Cámara de Diputados para que el Pleno a su vez avalara los cambios, circunstancia que dificultaría que estuviera lista a fin de mes.
Previamente, la oposición se manifestó en contra de la legislación que busca regular la publicidad oficial al acusar que el PRI impuso su visión y no atiende los lineamientos dictados por la Suprema Corte.
Legisladores de las diversas bancadas reclamaron también que ésta institucionaliza la práctica del «chayote» entre medios de comunicación y los gobiernos del tricolor.
Integrantes de las organizaciones Artículo 19 y Fundar protestaron contra el dictamen por considerarlo la legalización de la corrupción mediática.
