-Se mueve el engranaje oficial para reformar el Poder Judicial
-Elección de ministros, magistrados y jueces será por mandato popular
-Realmente cuál será la falla: ¿el sistema de justicia o los juzgadores?
H. Matamoros, Tamaulipas.-La encuesta ciudadana que llevó a cabo Morena para legitimar el origen de la iniciativa presidencial que contempla reformar el Poder Judicial de la Federación, lógicamente, polarizó la opinión pública respecto a que si era la instancia adecuada para llevar a cabo ese ejercicio.
Con la respuesta positiva de 8 de cada 10, supuesta o realmente entrevistados, prácticamente inició el proceso de una de las prioridades del presidente
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, antes de concluir su mandato constitucional.
Una vez que MARIO DELGADO, dirigente nacional morenista, realizó su “trabajo” y entregó resultados a la doctora CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, el paso siguiente es la apertura de foros para escuchar opiniones en favor y en contra.
Posteriormente, en el mes de agosto, la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación será analizada, discutida y votada en Comisiones como paso previo para turnarla a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La parte medular de tal iniciativa de ley con origen en el Ejecutivo federal pretende que ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante el voto popular.
Para tal efecto, el presidente LÓPEZ OBRADOR propone reformar el Artículo 96 constitucional para que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal) sean elegidos de manera directa y secreta por los ciudadanos el primer domingo de junio en elecciones ordinarias.
Asimismo, que un cambio al Artículo 116 constitucional establezca que las propuestas de
candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales se realice conforme a las bases de la Constitución para el Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo al proyecto de nación del gobierno de la Cuarta Transformación, sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) la instancia electoral que organizaría y sancionaría la elección de jueces, magistrados y ministros.
Cabe señalar que actualmente el Poder Judicial de la Federación tiene asignados a once ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 951 magistrados y 768 jueces de distrito.
De acuerdo a la estadística del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 contempla que, al cierre de 2022, existe un circuito por cada entidad
federativa que a su vez integran a 447 Juzgados de Distrito, 270 Tribunales Colegiados, 128 Tribunales
Laborales y 39 Tribunales de Apelación.
Mientras el engranaje de los poderes Ejecutivo y Legislativo comienza a movilizarse para dar paso a la reforma del Poder Judicial de la Federación en septiembre próximo, el tema ha dividido la opinión pública e, incluso, involucrado a autoridades extranjeras.
El argumento más socorrido por los opositores al régimen lopezobradorista es que la reforma al Poder Judicial afectará la división de poderes que debe existir en un país democrático.
En sentido contrario, AMLO sostiene que la reforma judicial pretende terminar con la corrupción que ha permeado en ese Poder, y que, además, está al servicio de una minoría política y económica.
Por el bien de México y los mexicanos debería dejarse muy en claro la causa real de la mala impartición de la justicia; si se debe a una falla del Sistema Nacional de
Justicia Penal Acusatorio o si realmente la corrupción de ministros, magistrados y jueces es la causa del problema.
Importar sin ton ni son sistemas de gobierno de los Estados Unidos no representa la mejor solución para un avance sostenido y justo. La figura del testigo protegido, los juicios orales, la presunción de inocencia y el debido proceso, por ejemplo, seguramente son benéficas para el tío Sam, pero no necesariamente aptas para la cultura e idiosincrasia
azteca.
En la Unión Americana mentir con la mano en Biblia o matar a un policía de crucero, son delitos muy castigados. En México, fabricar culpables y asesinar a jefes policiales o militares de alto rango, es cada vez una práctica muy común.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Aunque parezca intervención extranjera en asuntos nacionales, no deja de ser razonable el criterio de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en el sentido de que grupos delictivos podrían sacar adelante candidaturas de jueces y magistrados en las regiones que controlan.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx