Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.-Una vez que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló el calendario de reuniones para discutir y votar los proyectos de dictamen del paquete de iniciativas presentadas por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a partir del primero de agosto se pondrán en movimiento para lograr ese propósito.
El plan de trabajo contempla declarar la reunión en carácter de permanente para elaborar en tiempo y forma los proyectos de decreto del Plan C, antes de que concluya la LXV Legislatura Federal.
Sin embargo, llama la atención que la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación se encuentra en el proceso de discusión en foros ciudadanos, mismos que concluyen el 8 de agosto de acuerdo al programa establecido.
El plan inicial contemplaba comenzar ese análisis justo el jueves 1 de agosto, sin tomar en cuenta la fecha de conclusión de los debates públicos, lo que, en consecuencia, se pueden interpretar que los foros ciudadanos son una mera farsa para legitimar la iniciativa presidencial.
Para buena fortuna de los legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado IGNACIO MIER corrigió la pifia y anunció que la deliberación de la reforma al Poder Judicial de la Federación iniciaría el 9 de agosto, es decir, un día después de concluidos los foros.
Como es evidente, no se requiere de más de dos dedos de frente para entender que resulta prácticamente imposible que apenas 24 horas después se tenga la relatoría del resultado de los debates públicos para su análisis en la Comisión legislativa con carácter de permanente.
De acuerdo a la normatividad parlamentaria, se requiere de mayoría simple-la mitad más uno-en la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar las iniciativas de reforma, pero, en cambio, la mayoría calificada-dos terceras partes-es elemental para su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, los diputados comisionados dejarán “planchado” el Plan C que envió a San Lázaro el pasado 5 de febrero el jefe del Ejecutivo federal, pero que se mantuvo en la “congeladora” ante la falta de votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada.
Se da por descontado que el paquete de reformas constitucionales del presidente LÓPEZ OBRADOR pasará el “cedazo” del Congreso de la Unión en la próxima legislatura federal que entrará en funciones a partir del primero de septiembre, justo el último mes del régimen lopezobradorista.
Obviamente, siempre y cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral tengan una interpretación distinta a la 4T de lo que establece el Artículo 54 de la Constitución en lo que respecta a la asignación de curules y escaños de representación proporcional.
La diferencia de criterios estriba en que el mandato constitucional no permite una sobrerrepresentación legislativa de los partidos políticos por encima del 8% de los votos obtenidos, pero la norma no es del todo clara cuando se trata de coaliciones.
Morena-PT-PVEM exigen el 75% de curules en la Cámara de Diputados por haber obtenido el 54% de los sufragios, lo que le daría la mayoría calificada al ajustar 375 legisladores morenos y aliados. El PAN y el PRI, con la captación del 45% de la votación del 2 de junio no están de acuerdo la asignación de solo el 45% de los espacios en San Lázaro, que representan 125 diputados federales.
Respecto al trabajo legislativo de la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados habrán de deliberar sobre las reformas a distintos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Veamos:
-Modificación al Artículo 2 orientado a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
-Modificación a los Artículos 3, 4, 5, 27 y 73 en materia de agua, alimentos, atención médica, bienestar, protección a la salud y protección y cuidado animal.
-Modificación al Artículo 19 asociado con la prisión preventiva oficiosa.
-Modificación al Artículo 28 que interpreta lo necesario acerca de vías y transporte ferroviario, simplificación orgánica, materia electoral y materia de justicia.
Cabe señalar que, justamente las reformas en materia electoral y de justicia son la parte medular del Plan C que propuso en febrero pasado el huésped de Palacio Nacional, confiando en aterrizar su proyecto de nación en el último mes de su mandato constitucional con mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Eso de la controversia asociada a la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión amaga con contaminar las avenidas capitalinas ante eventual movilización ciudadana convocada por la ex candidata presidencial de oposición XÓCHITL GÁLVEZ.
No obstante, a juzgar por lo que se observa, el movimiento ciudadano no cambiaría la continuidad de la Cuarta Transformación ni impediría la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
