– Gasolinazo y devaluación afectan a millones de familias aztecas
– Diputados y senadores debieran dar la cara a sus representados
– Protestas y marchas no cambiarán la decisión presidencial
CON todo y que el incremento al precio de los hidrocarburos decretado por el gobierno federal es una decisión que no tendrá marcha atrás, la inconformidad continúa en distintas entidades del país.
Aunque, eso sí, a medida que pase el tiempo, marchas, bloqueos y protestas irán a la baja y, reconózcase o no, lo cierto es que, al final de la jornada, los ciudadanos aztecas habrán de aceptar la espiral inflacionaria que la impopular medida trae consigo.
El “gasolinazo” del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO no debió haber tomado por sorpresa a los mexicanos, toda vez que los representantes populares en ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron en octubre del año pasado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2017.
En consecuencia, los votantes y no votantes aztecas no tan solo deben responsabilizar al Jefe del Ejecutivo Federal, sino que la inconformidad y críticas deben también dirigirse a diputados y senadores.
El generoso bono navideño que se autorizaron los legisladores federales, de acuerdo a la vox populi, fue el pago a su complicidad por el nuevo golpe a la economía de las familias mexicanas.
Mucho debieran dar la cara y explicar los diputados de los 300 distritos electorales en el territorio nacional, así como los 200 que llegaron al palacio legislativo de San Lázaro por la vía de representación proporcional. Del mismo modo, quienes ocupan los 128 escaños en el Senado de la República deberían encarar a sus representados en sus respectivas entidades federativas.
Cierto es que el gobierno central de cualquier país requiere de impuestos para cumplir con sus programas sociales. Sin embargo, en México, la medida recaudatoria que representa el aumento al precio de la gasolina tiene como finalidad adicional reponer los millonarios recursos que han saqueado políticos y malos gobernantes.
Cuestión de analizar el impacto a la economía nacional que provocaron tan solo 12 gobernadores que concluyeron sus respectivos sexenios apenas el año pasado. Una investigación al respecto precisa que 245 mil millones de pesos fueron malversados.
Lo malo del caso es que ninguno de los doce mandatarios estatales señalados de corruptos ha sido detenido para que responda por el delito cometido y, además, devuelva lo sustraído ilegalmente.
La apatía del gobierno federal, bien sea por razones de grupo, partidistas o políticas, es una situación que mantiene irritado al pueblo mexicano y que, además, ha incrementado la desconfianza y pérdida de credibilidad hacia la clase gobernante y a los representantes populares en el Congreso de la Unión.
Como si el incremento al precio de los combustibles y la subsecuente escalada inflacionaria de diversos productos y canasta básica no fueran suficiente, la depreciación de nuestra moneda coloca en pésima posición al gobierno peñista.
Vamos, ni la “reunión a modo” para tomar acuerdos convocada por el presidente PEÑA NIETO con el sector empresarial y las centrales sindicales tuvo el éxito deseado. La Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) no firmó el acuerdo con el gobierno federal, negándose a participar en la farsa.
A dos años de que finalice el actual sexenio, el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO enfrenta un mal momento en cuanto a credibilidad, honestidad y liderazgo, siendo también el jefe de la Nación más vilipendiado en las redes sociales.
Sobra decir que el “gasolinazo” y la devaluación de nuestra moneda se habrán de reflejar en las urnas electorales en 2018.
Y hasta la próxima.
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